Versión Final – Valencia, 4 de marzo de 2025-. Elizabeth Ariscua, de 64 años, fue asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del lunes 3 de marzo en el sector La Plazita, en la zona 6 de José Félix Ribas, Petare, estado Miranda. La víctima era reconocida por su labor como vocera del consejo comunal Guayabal Bicentenario.
Según reportó el periodista de sucesos Román Camacho, el ataque ocurrió en plena celebración de Carnaval. Sujetos armados, disfrazados con máscaras y mezclados entre la multitud, se acercaron a Ariscua y, sin mediar palabra, uno de ellos le disparó dos veces antes de huir.
Las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque no descartan otras líneas de investigación.
Varias comisiones de seguridad, incluyendo funcionarios de la Dirección del Servicio de Investigaciones Penales de Polimiranda, Polisucre y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se aproximaron a la escena del crimen.
Testigos del crimen señalan a un individuo apodado «Guajiro» como presunto responsable del homicidio.
La Unidad Contra Bandas de la base Petare de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desplegó operativos en la zona para dar con el paradero de los atacantes.
Saab advierte sobre policías que cometen crímenes
El fiscal general, Tarek William Saab, advirtió sobre algunos funcionarios policiales a quienes señaló de perpetrar hechos de corrupción, mediante el robo a ciudadanos en alcabalas y otras acciones «impropias».
Yo nunca voy a tolerar, no lo hice en los años 70, 80, 90, menos ahora en cargos de Estado, que un funcionario policial investido de una chapa, de una patrulla, de una pistola, en comandita con otros policías asociados a delincuentes, atraquen a gente decente, a empresarios, a comerciantes, los bajen de los carros, le roban el carro, si tiene plata dentro del carro se lo roban también», apuntó el alto funcionario, a través de una entrevista por Venezolana de Televisión, el pasado fin de semana.
Saab se refirió al trabajo que ha venido haciendo para «combatir la corrupción dentro de los cuerpos policiales» y el castigo que se ha aplicado con la Ley a los funcionarios «que se prestan para dichas prácticas inmorales».
Quien sea víctima de ese tipo de acciones impropias por parte de funcionarios policiales, tales como allanamientos o alcabalas, tiene todo el derecho de denunciarlo ante el Ministerio Público, en todas las unidades de atención a la víctima”, destacó el Fiscal General.
Con información de Versión Final.
