Lo que se sabe del ataque armado a activistas venezolanos en Bogotá. En la tarde del lunes festivo, un ataque armado contra dos activistas venezolanos en Usaquén volvió a evidenciar la inseguridad que enfrentan solicitantes de refugio en Colombia. Luis Alejandro Peche, analista político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, fueron heridos al salir de un conjunto residencial en Cedritos, norte de Bogotá.
Estado de salud y atención médica
Velásquez fue intervenido quirúrgicamente tras recibir impactos de bala en el brazo y permanece bajo custodia policial en un centro médico, donde se espera una segunda operación ortopédica. Peche recibió dos disparos en las piernas y continúa en evaluación médica. Las autoridades informaron que no se comprometieron órganos vitales.
Investigación en curso
La Policía estableció un perímetro de seguridad en el centro de salud y restringió el acceso solo a personal autorizado, incluidos enlaces de Amnistía Internacional. Según las primeras pruebas, tres sujetos participaron en el ataque. Dentro del vehículo abandonado en Suba se hallaron armas traumáticas modificadas. Los agresores residirían en el mismo edificio que las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de una advertencia.
Lo que se sabe del ataque armado a activistas venezolanos en Bogotá
Hipótesis del ataque
Las investigaciones preliminares apuntan a que el hecho buscaba enviar un mensaje, no ejecutar un homicidio. Las armas empleadas no eran convencionales y el patrón no coincide con casos de sicariato.
Cuestionamientos a la protección estatal
El ataque ocurre en medio de críticas a la capacidad institucional para proteger a migrantes y solicitantes de refugio. Organizaciones sociales denuncian el debilitamiento de los centros de atención y la falta de coordinación con Migración Colombia.
Reacciones internacionales
Amnistía Internacional condenó el atentado y exigió protección para los activistas venezolanos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también urgió investigar y sancionar a los responsables, reiterando su llamado a garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos en Colombia.
