Alberto News – Caracas, 3 de marzo de 2025-. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó este lunes su preocupación por la persistente violencia de los grupos armados no estatales contra la población civil en Colombia, donde el pasado año se verificaron al menos 89 homicidios de defensores de las libertades fundamentales.
También se registraron al menos 72 masacres, y se observó un incremento del reclutamiento de niños en grupos armados, «con 216 casos verificados, la mayoría indígenas», indicó la directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, al repasar la situación de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos.
La violencia de los grupos armados no estatales, con el fin de ejercer control territorial y llevar a cabo actividades económicas ilegales, «afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas», agregó.
Frente a esta violencia, la oficina que dirige el alto comisionado Türk «reitera la urgencia de una presencia integral del Estado en todo el territorio nacional para proteger a la población», subrayó.
Kohonen exhortó a aumentar las medidas de protección de los defensores de derechos humanos, subrayando que corren especial riesgo aquellas dedicadas a reivindicaciones medioambientales.
La representante de la oficina del alto comisionado felicitó a Colombia por resultar elegida por primera vez como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, para un mandato de tres años que finalizará en 2027.
También aplaudió el programa de transformación de la policía colombiana, encaminado a fortalecer el respeto de los derechos humanos, y los avances del país en justicia transicional, «incluyendo las imputaciones recientes de crímenes de guerra y lesa humanidad a excomandantes de las FARC-EP y exmilitares de alto rango».
«Frente a la magnitud de las desapariciones forzadas en el marco del conflicto y de la persistencia de este crimen, destacamos también la importancia de la nueva ley sobre las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Esta ley establece un marco inédito en América latina», concluyó.
Con información de EFE
