La situación de derechos humanos en territorio mexicano ha alcanzado un nuevo punto crítico tras el más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas. El organismo internacional emitió una advertencia contundente en la que la ONU alerta sobre la tragedia de desaparecidos en México, señalando que existen «indicios bien fundados» para considerar que estas desapariciones se están perpetrando como crímenes de lesa humanidad. Ante la magnitud de la crisis, que ya supera las 132,000 personas registradas como desaparecidas, el Comité ha solicitado formalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que intervenga de manera urgente para apoyar al país en la prevención, investigación y erradicación de estos delitos.
El diagnóstico del organismo subraya que, aunque no existe una política federal orquestada desde las más altas esferas para cometer estos actos, sí se observan patrones sistemáticos y generalizados en diversas regiones. Al informar que la ONU alerta sobre la tragedia de desaparecidos en México, el reporte destaca la preocupante «autorización, apoyo o aquiescencia» de autoridades locales y estatales en muchos de estos casos. Además, se hizo énfasis en la grave crisis forense que atraviesa la nación, con aproximadamente 72,000 restos humanos que aún no han sido identificados, lo que representa un obstáculo mayor para el derecho a la verdad y la justicia de miles de familias.
Por su parte, el Gobierno de México ha manifestado su rechazo a las conclusiones del informe, calificándolo de «tendencioso» y asegurando que no refleja los esfuerzos actuales de la administración. Sin embargo, el hecho de que la ONU alerta sobre la tragedia de desaparecidos en México ha generado un fuerte respaldo por parte de colectivos de madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen al Estado mayor empatía y la implementación efectiva de las recomendaciones internacionales. El llamado de Naciones Unidas es claro: se requiere reforzar urgentemente los mecanismos de búsqueda y protección, así como garantizar que la impunidad deje de ser la norma en un país desbordado por este flagelo humanitario durante este 2026.
Con información de Alberto News/ AP / Aristegui Noticias.
