La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez exjefes de las FARC por quebrar el equilibrio sagrado de cinco pueblos indígenas en la selva colombiana. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia atribuyó responsabilidad formal a diez antiguos mandos de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) este martes 13 de octubre de 2026.
El tribunal transicional imputó a los excombatientes la comisión continuada de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad perpetrados contra cinco pueblos indígenas de las regiones de la Amazonía y la Orinoquía a lo largo de un período de veinte años, entre 1996 y 2016. Dicha providencia judicial marca un precedente trascendental para los pueblos ancestrales, determinando que el accionar insurgente vulneró no solo la integridad física de los comuneros, sino que fracturó las raíces culturales y espirituales que sostenían a estas poblaciones selváticas.
Tres figuras del último Secretariado encabezan la lista de imputados
La decisión de la magistratura coloca en el banquillo a las máximas cabezas que dirigieron las estructuras armadas de la guerrilla en su última etapa.
- El tribunal vinculó directamente a diez antiguos comandantes que ostentaban mando y control territorial durante el conflicto armado.
- Entre los principales señalados destacan tres integrantes que conformaron el último Secretariado de las extintas FARC.
- La lista incluye a Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido en las filas guerrilleras bajo el alias de ‘Joaquín Gómez’.
- El auto acusatorio comprende también a Jaime Alberto Parra Rodríguez, a quien apodaban ‘El Médico’ dentro de la cúpula insurgente.
- La sala imputó igualmente a Julián Gallo, comandante guerrillero recordado por su alias de ‘Carlos Antonio Lozada’.
En tal sentido, los magistrados determinaron que la jerarquía de la organización armada impartió órdenes que facilitaron los atropellos o toleró la comisión reiterada de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
A este respecto, diversos representantes de las etnias afectadas valoraron la individualización de responsabilidades como un paso indispensable para dignificar la memoria de las víctimas.
Aunado a esto, las organizaciones de derechos humanos recordaron que estos tres excomandantes suscribieron los acuerdos de paz y comparecen ante el sistema de justicia transicional para aportar verdad plena.
Asimismo, los equipos jurídicos de las partes procesales alistan sus descargos y observaciones frente a las imputaciones notificadas por el tribunal especial.
Dos décadas de violencia contra las comunidades de la Amazonía y la Orinoquía
Veinte años de persecución y abusos sistemáticos entre 1996 y 2016
Por otra parte, la investigación judicial reconstruyó con detalle el período más cruento de la presencia guerrillera en los llanos y selvas colombianas.
Las pesquisas documentaron hechos delictivos cometidos de forma ininterrumpida a lo largo de dos decenios que abarcan desde 1996 hasta la firma de los acuerdos en 2016.
Dicho accionar castigó con especial dureza a cinco pueblos originarios asentados en los ecosistemas de la Orinoquía y la cuenca amazónica.
Durante esos años, las columnas guerrilleras ocuparon las tierras comunales, instalaron campamentos en zonas de reserva natural y convirtieron las rutas ancestrales en corredores para el tránsito de pertrechos y cargamentos ilícitos.
En consecuencia, los clanes indígenas perdieron la libre movilidad a través de sus ríos y bosques sagrados debido a la presencia constante de hombres armados.
De igual manera, las comunidades sufrieron el fuego cruzado y las restricciones al abastecimiento de alimentos tradicionales.
Muerte, desaparición forzada y desplazamiento masivo
Por añadidura, el saldo material de las acciones bélicas causó estragos irreparables en el tejido demográfico de estos colectivos.
Los informes recolectados por la magistratura recopilan testimonios desgarradores sobre homicidios selectivos, desapariciones forzadas de líderes indígenas y desplazamientos forzados masivos.
Dichas prácticas delictivas despoblaron aldeas enteras y obligaron a cientos de familias a huir desamparadas hacia caseríos urbanos marginales.
Por otro lado, los investigadores constataron que la guerrilla arrebató a menores de edad de sus comunidades para sumarlos a sus filas armadas sin consentimiento familiar.
De modo que el paso de las estructuras guerrilleras por la Amazonía y la Orinoquía redujo drásticamente el número de integrantes de clanes ancestrales sumamente frágiles.
El quiebre del equilibrio espiritual y el riesgo de extinción étnica
«Enfermar» los lugares sagrados y arrancar al indígena de su tierra
En este orden de ideas, el tribunal subrayó que la agresión guerrillera trascendió las heridas físicas convencionales para golpear el núcleo místico de estas comunidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz describió con precisión técnica y cultural el alcance devastador de los crímenes imputados:
«La violencia no solo dejó muertos, desaparecidos y desplazados. También desarraigó a los pueblos indígenas de su territorio, ‘enfermó’ sus lugares sagrados, rompió su equilibrio espiritual y puso en riesgo su supervivencia».
El tribunal transicional destacó que despojar a los indígenas de sus territorios equivalió a cortar el lazo vital que alimenta su cosmovisión y su relación con la naturaleza.
Dicha alteración del entorno sagrado impidió la celebración de rituales ancestrales, deteriorando la salud colectiva de los clanes según las tradiciones de sus chamanes y sabios mayores.
En consecuencia, los líderes indígenas exigen que las sanciones no contemplen únicamente castigos convencionales, sino medidas de reparación espiritual y ambiental en sus bosques.
De igual manera, los antropólogos forenses ratifican que el daño cultural sufrido por estas etnias califica como una agresión directa contra su propia existencia como pueblos diferenciados.
Próximos pasos en la Jurisdicción Especial para la Paz
Reconocimiento de verdad y emisión de sanciones propias
Para cerrar la perspectiva del caso, el proceso judicial abre una etapa decisiva para la suerte procesal de los diez acusados.
Los excomandantes imputados deberán comparecer ante la Sala de Reconocimiento para manifestar de forma expresa si aceptan los cargos o si prefieren disputar las pruebas en juicio ordinario.
Dicha aceptación voluntaria representa un requisito obligatorio para acceder a sanciones propias y evitar penas de cárcel tradicional en centros penitenciarios del Estado.
Por otro lado, las autoridades tradicionales indígenas participarán en las audiencias públicas para exponer directamente las exigencias de sanación de sus lugares sagrados.
De modo que la imputación a diez exjefes de las FARC, la inclusión de alias ‘Joaquín Gómez’, ‘El Médico’ y ‘Carlos Antonio Lozada’, y la calificación del daño espiritual visibilizan el drama indígena en la justicia colombiana.
Con información de EFE
