Valencia, 4 de noviembre de 2026-. La Asamblea Nacional diferíó este martes por segunda ocasión la discusión definitiva de la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico. La propuesta legislativa busca incentivar la inversión privada en el sector energético nacional, fuertemente afectado por recurrentes fallas y apagones.
El aplazamiento fue solicitado formalmente por el diputado Pedro Carreño, quien argumentó que el cuerpo legislativo ya había registrado avances significativos en la revisión de varios de los más de 20 artículos que integran el proyecto de reforma. Se prevé que el análisis del articulado se reanude en la siguiente sesión ordinaria del Parlamento.
El texto legal tiene como objetivo central regular el servicio eléctrico en todo el país, contemplando además los intercambios internacionales de energía en las fases de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización.
La Asamblea Nacional pospuso por segunda vez el debate sobre la reforma de la ley del Servicio Eléctrico
El proyecto de reforma contempla mecanismos para asegurar el disfrute universal de la energía eléctrica en condiciones de continuidad, calidad y seguridad. Asimismo, la normativa pretende dinamizar las actividades socioeconómicas mediante el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El instrumento busca «favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas», según se leyó en el hemiciclo durante la plenaria.
Con la apertura al capital privado, las autoridades aspiran a captar recursos para la modernización de la infraestructura y el mantenimiento técnico de las centrales de generación.
Crisis energética, protestas sociales y promesas del Ejecutivo
Venezuela atraviesa una severa crisis en el suministro eléctrico desde hace más de una década, situación que se ha intensificado en el último año con interrupciones del servicio en diversos estados del país. El incremento de las fallas ha desencadenado protestas sociales y manifestaciones en múltiples comunidades.
Expertos del sector y voceros de la oposición atribuyen el colapso a la falta de mantenimiento especializado, la desinversión y hechos de corrupción. En contraposición, la versión oficial del Gobierno responsabiliza a las sanciones internacionales, las sequías asociadas al fenómeno de El Niño y presuntos actos de sabotaje.
Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró recientemente que el país contará «pronto» con soluciones a la contingencia energética y criticó las acciones de protesta registradas en las vías públicas.
