Versión Final – Caracas, 9 de junio de 2024. La activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG enfocada en asuntos militares Control Ciudadano, cumple este domingo cuatro meses de prisión sin la posibilidad de contar con una defensa privada. Tras su detención el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, sus abogados de confianza han intentado mediar en el caso, sin respuesta alguna de las autoridades.
La ONG Defiende Venezuela señala que a San Miguel se la han violentado cinco derechos desde el momento de su detención: derecho a la libertad y seguridad personal, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a no ser sometida a torturas o tratos crueles, además del derecho a la protección judicial
A juicio de Defiende Venezuela, su proceso es carente de transparencia y garantías procesales básicas, aunado a la falta de respuesta a los recursos ejercidos por sus abogados, lo que deja «en evidencia un sistema judicial parcializado y politizado», publicó Tal Cual.
La ONG también recordó que Rocío San Miguel fue sometida a condiciones de aislamiento prolongado dentro del Sebin El Helicoide, no se le proveyó de asistencia médica y las condiciones de su detención violan normativas internacionales y pueden ser consideradas tratos crueles.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El 10 de febrero arrestaron dentro del aeropuerto internacional de Maiquetía a Miranda Díaz y a su padre, Víctor Díaz Paruta, cuando fueron a retirar el equipaje dejado un día antes. El día 11, funcionarios detuvieron a los hermanos Miguel y Alberto San Miguel.
El grupo fue presentado ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo la noche del 12 de febrero, según el fiscal Tarek William Saab. El abogado Juan González Taguaruco menciona que no han sido acusados por la Fiscalía, por lo que «su proceso continúa en fase preparatoria o de investigación
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Saab aseguró entonces que durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, el 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que «entregó información sensible» a «potencias extranjeras» en «reuniones secretas» en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.
