La activista de derechos humanos Rocío San Miguel obtiene sentencia absolutoria tras dos años de proceso judicial: «Hoy culmina un duro capítulo de mi vida». La activista de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó este viernes 2 de octubre de 2026 que el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio dictó una sentencia absolutoria a su favor, librándola formalmente de todos los cargos penales formulados en su contra.
La jurista, a quien comisiones de seguridad arrestaron el 9 de febrero de 2024, ratificó que el dictamen confirma la postura que sostuvo a lo largo de todo el proceso respecto a su absoluta inocencia.
Cierre de un ciclo personal, gratitud al respaldo internacional
La representante de Control Ciudadano compartió un sentido mensaje público al conocer el dictamen favorable del despacho judicial.
La especialista legal exteriorizó el peso emocional que representó enfrentar el proceso penal durante más de dos años:
«Hoy culmina un duro capítulo de mi vida».
En tal sentido, la jurista agradeció el apoyo incondicional de su círculo familiar, destacando el rol de su hija, al igual que el acompañamiento constante de organizaciones no gubernamentales, misiones diplomáticas acreditadas en el país, sectores de la sociedad civil organizada.
A este respecto, San Miguel reconoció la labor desempeñada por plataformas como Amnistía Internacional, Foro Penal, Human Rights Foundation durante las etapas más críticas de la causa.
Asimismo, la activista exaltó el compromiso técnico de su equipo defensor, integrado por los abogados Theresly Malavé, Juan Carlos Gutiérrez, Héctor Faúndez, mencionando de igual manera las gestiones de apoyo del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Aunado a esto, la abogada recibió la notificación judicial con profunda gratitud, aunque advirtió que no olvida la compleja realidad que todavía viven decenas de ciudadanos bajo medidas judiciales restrictivas.
Exigencia de garantías universales, solidaridad con los coacusados
El reclamo por el debido proceso, la dignidad ciudadana
Por otra parte, la directora de Control Ciudadano remarcó que las decisiones aisladas no solventan el reclamo de fondo sobre las libertades democráticas.
San Miguel enfatizó la necesidad urgente de restablecer el orden constitucional para que cada ciudadano cuente con salvaguardas legales efectivas:
«La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos».
- La especialista expresó su solidaridad irrestricta con los activistas, ciudadanos, presos políticos que permanecen en centros de detención.
- La jurista cuestionó duramente la validez probatoria que sustentó los castigos penales contra otros involucrados en su mismo expediente.
- Los defensores de derechos humanos exigen que los juzgados de apelación revisen con apego a derecho cada una de las causas conexas.
En consecuencia, San Miguel manifestó su firme expectativa de que las cortes superiores anulen los fallos dictados contra sus compañeros de causa tras considerar que dichas condenas resultan profundamente injustas.
De igual manera, diversos juristas coinciden en que la resolución del caso San Miguel sienta un precedente relevante para evaluar expedientes similares en trámite.
Compromiso indeclinable con el Estado de derecho
Por añadidura, la activista ratificó que mantendrá intacta su vocación cívica a pesar de los rigores procesales que debió sortear.
La directiva de la organización civil ratificó su determinación de continuar trabajando de manera ininterrumpida por la vigencia plena de los derechos humanos, la consolidación de un sistema verdaderamente democrático:
Su equipo de trabajo retomará las labores de monitoreo, investigación, documentación sobre políticas de defensa, seguridad ciudadana en el territorio nacional.
Por otro lado, voceros de distintos gremios profesionales saludaron la decisión judicial, considerándola un paso indispensable para desescalar la criminalización del trabajo humanitario.
De modo que la absolución de la abogada reactiva el debate público sobre la necesidad de reformar, sanear los órganos de justicia en el país.
Con información de Alberto News
