Justicia china condena a cadena perpetua a la dueña de una guardería por envenenar con plomo a 233 niños mediante colorantes industriales prohibidos comprados por internet. El Tribunal Popular Intermedio de Lanzhou sentenció este viernes 16 de octubre de 2026 a cadena perpetua a Li Huifang, responsable principal de una guardería en la provincia noroccidental de Gansu, tras hallarla culpable de producir y suministrar alimentos tóxicos que provocaron el envenenamiento por plomo de 233 menores en 2025.
Dicho fallo judicial ordenó el decomiso de bienes personales a la procesada por un monto de 500.000 yuanes, cifra cercana a los 75.000 dólares americanos, según divulgó la cadena estatal CCTV.
La magistratura impuso de igual forma quince años de privación de libertad y una multa de 300.000 yuanes a la directora ejecutiva del plantel, Zhu Jinglin, aplicando penas de entre seis y ocho años de presidio a cuatro trabajadores de la cocina.
Colorantes prohibidos por internet y órdenes directas a la cocina
Los magistrados determinaron con precisión probatoria la cadena de mando que propició la tragedia en la ciudad de Tianshui:
- Las autoridades judiciales comprobaron que ambas directivas instruyeron expresamente al personal de cocina para mezclar componentes industriales no aptos para el consumo dentro de las recetas diarias.
- El personal del centro suministró estas preparaciones contaminadas tanto a los alumnos como al equipo de trabajadores del establecimiento privado.
- Los peritos descubrieron que las encargadas adquirieron colorantes a través de plataformas virtuales pese a que los empaques portaban etiquetas claras que prohibían su ingesta humana.
- El consumo continuo de los aditivos desencadenó la hospitalización de emergencia de 201 niños debido a la severidad de los cuadros clínicos presentados.
En tal sentido, los médicos pediatras de la región atendieron a los infantes de urgencia para contrarrestar los elevados niveles de metales pesados en su torrente sanguíneo.
A este respecto, diversos expertos en toxicología explican que el plomo genera secuelas neurológicas irreversibles y graves daños gastrointestinales en organismos en fase de desarrollo.
Aunado a esto, las asociaciones de padres y representantes exigieron a los juzgados indemnizaciones integrales para costear los tratamientos médicos a largo plazo.
Asimismo, los funcionarios de la fiscalía china auditaron los registros contables del colegio para verificar el ahorro económico que motivó la compra irregular de los insumos.
El hallazgo en julio de 2025 y las reformas alimentarias en China
Denuncias de los padres y niveles anómalos de plomo
Por otra parte, la alarma médica comenzó a gestarse durante el verano del año precedente gracias a las advertencias de los representantes.
La trama salió a la luz pública en julio de 2025 cuando decenas de progenitores acudieron a los consultorios tras notar cuadros persistentes de náuseas, vómitos, diarreas, fuertes dolores abdominales y molestias articulares en las piernas de sus hijos.
Los análisis de laboratorio confirmaron concentraciones anómalas de plomo en 233 de los 251 menores inscritos formalmente en la matrícula del plantel.
Dicho resultado desató una exhaustiva inspección sanitaria que clausuró las instalaciones de la institución y propició la aprehensión inmediata de la directiva escolar.
En consecuencia, los comisionados gubernamentales inspeccionaron de sorpresa las cocinas de cientos de escuelas para descartar aditivos similares.
De igual manera, los investigadores policiales decomisaron los lotes restantes de los pigmentos nocivos almacenados en los depósitos de víveres.
Endurecimiento normativo para los comedores escolares
Por añadidura, la conmoción colectiva empujó al Estado a transformar los códigos de vigilancia sobre las cadenas de suministro.
El escándalo reavivó los debates ciudadanos en torno a la seguridad alimentaria, empujando al Gobierno a redactar protocolos estrictos para los menús estudiantiles.
Las dependencias estatales anunciaron este mismo lunes una serie de regulaciones para endurecer la persecución penal y administrativa de los delitos contra el consumo humano.
Dicha ofensiva legislativa busca cerrar los canales de distribución digital que comercializan químicos industriales sin permisos bromatológicos certificados.
Por otro lado, los tribunales provinciales revisan otros expedientes vinculados a proveedores escolares para aplicar castigos ejemplarizantes.
De modo que la condena perpetua para Li Huifang, los 15 años de prisión para la directora ejecutiva, el envenenamiento de los 233 niños y el endurecimiento legal delinean un precedente trascendental en la justicia asiática.
Con información de EFE
