Valencia, 23 de octubre de 2026-. El juez Calama investiga los regalos a Rodríguez Zapatero durante sus legislaturas al frente del Gobierno de España.
El magistrado de la Audiencia Nacional requirió con urgencia a Patrimonio del Estado las actas de dichos obsequios.
La información sobre esta causa judicial fue reportada originalmente por la agencia de noticias EFE.
Juez pidió investigar los regalos que recibió Rodríguez Zapatero durante su tiempo al frente del Gobierno de España
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama otorgó dos días a la Subdirección General de Patrimonio del Estado.
El órgano judicial exige las copias de las actas de aceptación de los regalos institucionales a la Presidencia.
La medida abarca las donaciones recibidas durante las dos legislaturas comprendidas entre los años 2004 y 2011.
El magistrado solicitó la documentación «a la mayor brevedad posible» mediante una providencia notificada en el tribunal.
Esta actuación previa busca resolver las peticiones cursadas por la defensa del expresidente y la Fiscalía.
Joyas valoradas en más de un millón de euros
La causa analiza más de 60 piezas halladas en el registro del despacho de Zapatero el 19 de mayo.
Las joyas incautadas en una caja fuerte alcanzan una valoración económica superior a 1,3 millones de euros.
El expresidente afirmó por escrito que los accesorios fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007.
Zapatero sostuvo que aceptó los tres juegos de joyas por «deferencia» durante una visita oficial a España.
Por ello, la defensa solicitó enviar una comisión rogatoria al país arábigo para verificar su origen.
Fiscalía plantea delito de malversación
La Fiscalía Anticorrupción rechazó los argumentos expuestos por la defensa del exjefe del Ejecutivo español.
La fiscal María Elena Lorente señaló que el investigado no entregó las joyas al finalizar su mandato institucional.
Anticorrupción advirtió que la omisión de entrega de estos bienes de gran valor podría constituir malversación.
El Ministerio Público considera que dicho delito de malversación de caudales públicos no habría prescrito en la actualidad.
