Juez de Texas niega la fianza al repartidor venezolano Wilber Garcés y lo envía a prisión federal con una bala de ICE alojada en la espalda. El caso del repartidor venezolano Wilber Garcés, de 28 años, sumó este miércoles 30 de septiembre de 2026 un capítulo de máxima tensión judicial en el estado de Texas.
Un magistrado federal ordenó mantener al joven bajo reclusión penal sin derecho a fianza, imputándole presuntos delitos de agresión contra la autoridad y resistencia al arresto tras recibir un disparo de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Audiencia inicial en Austin y denuncias de desatención médica
Durante la primera comparecencia legal en la corte, la Fiscalía sostuvo que el trabajador suramericano representa un riesgo inminente de fuga, argumento que convenció al juez de bloquear cualquier beneficio de libertad bajo caución.
Frente a esta resolución, el equipo de litigantes convocó a los medios de comunicación para rechazar las imputaciones del Departamento de Justicia:
La abogada principal, Kate Lincoln-Goldfinch, afirmó que los cargos criminales forman parte de una maniobra estructurada por el propio aparato estatal para castigar a quienes denuncian excesos:
La acusación constituye un patrón del Gobierno para tomar «represalias» contra quienes cuestionan las acciones de los agentes federales.
En tal sentido, el jurista Danny Woodward remarcó la gravedad del estado de salud de su defendido, alertando que las autoridades penitenciarias no han extraído el plomo incrustado en su tejido muscular:
«El Gobierno sigue jugando con la vida de nuestro cliente».
A este respecto, Woodward precisó que el connacional permanece en condiciones deplorables desde hace diez días, soportando dolores intensos mientras el proyectil sigue dentro de su organismo.
Asimismo, los defensores adelantaron que enfocarán su estrategia legal en salvar la integridad de Garcés, lograr su pronta excarcelación y obligar a las agencias involucradas a rendir cuentas ante la ley.
Aunado a esto, las organizaciones proinmigrantes en Austin repudiaron el trato brindado al herido y convocaron a vigilias solidarias frente a las dependencias federales.
La interceptación en la vía pública y el laberinto migratorio
Discrepancias sobre el tiroteo del 20 de septiembre
Por otra parte, los hechos que desencadenaron este conflicto ocurrieron el pasado 20 de septiembre mientras el joven laboraba para la plataforma de entregas DoorDash.
Un comando del ICE interceptó a Garcés durante un control vehicular ordinario, desatando un altercado que concluyó cuando un uniformado accionó su arma de fuego a quemarropa:
- La acusación estatal asegura que el repartidor atacó a los oficiales e intentó eludir la fiscalización de rutina.
- La defensa técnica desmiente esa versión oficial y asevera que los efectivos dispararon de manera injustificada por la espalda.
- La balacera dejó al joven malherido en plena vía antes de que los patrulleros lo trasladaran bajo custodia extrema.
En consecuencia, el expediente judicial exhibe versiones diametralmente opuestas que exigirán la revisión minuciosa de grabaciones de cámaras corporales.
De igual manera, activistas comunitarios cuestionan los protocolos de contención empleados en zonas urbanas densamente transitadas.
Entrada legal por CBP One y deportación en ausencia
Por añadidura, el historial legal de Garcés refleja las complejidades del sistema de asilo en territorio norteamericano:
El ciudadano ingresó legalmente al país en diciembre de 2022 mediante el esquema de citas de la aplicación móvil CBP One, herramienta insignia del gobierno de Joe Biden:
Pese a haber formalizado su solicitud de protección internacional, un tribunal migratorio emitió meses después una orden de expulsión en ausencia debido a que el peticionario no compareció a una citación obligatoria.
Por otro lado, los litigantes recuerdan que este patrón de imputaciones va en aumento acelerado, pues una investigación de Project For Government Oversight reveló que en el año fiscal 2025 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió a las cortes 274 casos por resistencia y agresión a funcionarios, alcanzando el récord más alto en su historia.
De modo que la causa de Wilber Garcés simboliza el endurecimiento punitivo contra la comunidad migrante y reabre los cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos dentro de las cárceles federales.
Con información de Versión Final
