Valencia, 21 de octubre de 2026-. Investigación de ProPublica reveló alcances y vacíos legales en el acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela.
Un reportaje publicado este martes veinte de octubre por el medio de investigación ProPublica reveló que el acuerdo petrolero impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump protege los intereses de empresarios privados, pero carece de obligaciones vinculantes para garantizar los doscientos millardos de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
El análisis detalla el contenido de un documento de dieciocho páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, el cual otorga al gobierno norteamericano una participación del treinta y cinco por ciento en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Investigación de ProPublica reveló alcances y vacíos legales en el acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
El pacto faculta a Estados Unidos para adquirir el veinte por ciento de la producción de NABEP a un precio fijo de treinta dólares por barril —monto que excluye el costo de los diluyentes necesarios para el transporte del crudo pesado—, además de conferirle prioridad de compra sobre el remanente durante un período de cincuenta años y la potestad de acaparar la producción total bajo declaratoria de emergencia nacional.
La junta directiva estará conformada por siete integrantes, con mayoría de ciudadanos estadounidenses y un veedor sin derecho a voto designado por Washington.
Asimismo, la estructura jurídica del acuerdo establece su registro en Barbados, estipula que eventuales disputas se dirimirán bajo las leyes estadounidenses ante un tribunal federal de Texas y blinda la permanencia de Betancourt como consejero delegado, exigiendo una mayoría calificada de cinco votos para su remoción.
Posturas oficiales y observaciones sobre el pacto
En septiembre pasado, el secretario de Estado Marco Rubio defendió la selección de NABEP al señalar que cuenta con capacidad operativa para dinamizar la producción y reiteró que las operaciones serán auditadas por la firma KPMG, asegurando que los ingresos redundarán en beneficio de un futuro gobierno venezolano.
