La organización Amnistía Internacional (AI) alertó este miércoles sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el territorio de El Salvador. Ciertamente, los activistas presentaron un extenso informe que detalla graves violaciones a los derechos humanos bajo el vigente estado de excepción. Por lo tanto, los investigadores de la institución instan al Gobierno salvadoreño a detener de inmediato las detenciones masivas arbitrarias en las comunidades. Asimismo, los medios de comunicación internacionales difundieron ampliamente las alarmantes conclusiones de este documento que evalúa el marco legal del país centroamericano.
Patrones de conducta y el informe sobre el estado de excepción
Al respecto, la organización internacional presentó su reporte titulado «Seguridad sin derechos» en un acto público celebrado en la Ciudad de México. Por consiguiente, los representantes de la institución señalaron que los abusos documentados no constituyen meros incidentes aislados dentro de la gestión policial. Sin embargo, el informe indica que el Estado salvadoreño diseñó una reconfiguración institucional para facilitar de forma sistemática la privación de la libertad. De este modo, las violaciones a las garantías fundamentales responden a una política coordinada que opera libremente bajo el estado de excepción.
Por otra parte, la investigación de Amnistía Internacional recopila patrones de conducta alarmantes vinculados a desapariciones forzadas y torturas físicas en los centros penitenciarios. Efectivamente, el reporte señala que las muertes bajo custodia estatal ocurren de manera constante por la nula supervisión de los organismos de justicia. Por esa razón, estas conductas podrían constituir crímenes de lesa humanidad de acuerdo con las normativas vigentes del derecho penal internacional. En consecuencia, la comunidad internacional redobla su vigilancia sobre la administración del presidente Nayib Bukele por su polémica estrategia de seguridad.
Origen de la medida y denuncias acumuladas por las víctimas
La lucha gubernamental contra las pandillas armadas
Por lo tanto, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó esta medida restrictiva originalmente en marzo del año 2022 tras una sangrienta ola de asesinatos. Además, el Ejecutivo nacional mantiene esta herramienta de control social como la principal bandera de su campaña para erradicar las pandillas organizadas. Por este motivo, el plan de seguridad gubernamental cuenta actualmente con el respaldo democrático de cerca del 85% de la población local. De igual modo, las autoridades ministeriales aseguran que la estrategia policial redujo drásticamente las muertes violentas en los sectores más vulnerables del país.
Cifras de detenciones y reportes de abusos institucionales
Por otro lado, la cuestionada política de seguridad ciudadana acumula más de 6.400 denuncias formales por violaciones graves a los derechos humanos. En consecuencia, los operativos de la Policía Nacional Civil han detenido a más de 92.480 ciudadanos acusados de pertenecer a las pandillas. Específicamente, los familiares de los detenidos señalan que los agentes policiales arrestan de forma indiscriminada a personas inocentes sin realizar investigaciones previas. Por esa causa, los abogados defensores enfrentan severos obstáculos legales para demostrar la inocencia de sus representados bajo el estado de excepción.
Metodología de la investigación y advertencias previas
Por lo tanto, los equipos técnicos de Amnistía Internacional sustentaron sus graves hallazgos en un monitoreo continuo iniciado desde el año 2022. Además, el personal especializado realizó seis visitas físicas de documentación en diversas provincias del país andino entre mayo de 2022 y enero de 2025. Por este motivo, los relatores del informe efectuaron 109 entrevistas directas con víctimas de detención ilegal, familiares, abogados y defensores públicos locales. De igual modo, el informe de la organización detalla 82 casos individuales representativos que demuestran el abuso de poder bajo el estado de excepción.
Por otro lado, esta advertencia sobre posibles crímenes internacionales representa el segundo llamado de atención formal que recibe la nación este año. En consecuencia, el Grupo Internacional de Expertos (GIPES) emitió en marzo pasado un dictamen similar alertando sobre la gravedad de la situación. Específicamente, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, recordó que la seguridad ciudadana jamás debe construirse sobre la base de la tortura. Por esa causa, la portavoz instó a las instituciones del Estado a respetar de forma estricta los tratados internacionales vigentes.
El llamado urgente de los defensores de derechos humanos
Finalmente, las organizaciones no gubernamentales insisten en la necesidad urgente de restablecer el debido proceso legal en los tribunales del país. Por este motivo, los defensores civiles sugieren que el combate al crimen organizado debe ajustarse estrictamente a las leyes constitucionales vigentes. Adicionalmente, el Ejecutivo salvadoreño defiende la continuidad de las medidas restrictivas alegando que la tranquilidad pública representa la prioridad absoluta de la nación. En conclusión, el debate internacional continúa dividiéndose entre la efectividad del control territorial y el costo institucional del estado de excepción.
La consolidación de un sistema de seguridad sin contrapesos judiciales suele debilitar el estado de derecho y limita las libertades individuales de la ciudadanía. Debido al prolongado uso de medidas de emergencia, los analistas políticos sugieren construir reformas institucionales democráticas que protejan la seguridad y los derechos humanos de forma simultánea.
Con información de EFE
