Este lunes comienza en la Audiencia Nacional española el juicio contra el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, quien enfrenta acusaciones por la supuesta defraudación fiscal de casi 4,5 millones de euros, obtenidos por su hijo, Alejo Morodo, a través de negocios con la petrolera estatal Pdvsa entre 2013 y 2014.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de tres años y medio de prisión para el exdiplomático, mientras que para su hijo y su nuera, Ana Catarina Varandas, pide ocho años y medio de cárcel.
Además, la justicia española reclama multas millonarias, incluyendo 3,7 millones de euros para Alejo Morodo y 3,8 millones para su esposa.
Los tres acusados están imputados por ocultar presuntamente a la Hacienda española los pagos que Alejo Morodo habría recibido de Pdvsa mediante contratos falsos de asesoría legal entre 2012 y 2015, años después de que Raúl Morodo dejara su cargo como embajador.
Según la Fiscalía, Alejo Morodo creó una compleja red de sociedades con la participación de otros implicados, incluida su esposa y dos socios venezolanos, para blanquear el dinero. Uno de estos socios, Juan Carlos Márquez, fue encontrado muerto en su domicilio en Madrid, en lo que fue catalogado como un suicidio, poco después de declarar en la Audiencia Nacional.
La fiscal Ana Cuenca también exige el pago de 1,3 millones de euros a Alejo Morodo y su mujer por fraude en sus declaraciones fiscales entre 2013 y 2017, y 126.122 euros al exembajador por irregularidades en 2014.
La investigación reveló que Alejo Morodo habría utilizado tres sociedades instrumentales para facturar falsos servicios de asesoría legal, evitando tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Irpf) y optando por el más favorable Impuesto de Sociedades.
La Fiscalía señala que el origen de los fondos defraudados está relacionado con los vínculos que Raúl Morodo estableció durante su mandato como embajador con altos funcionarios del gobierno venezolano, en el período de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta relación permitió al hijo del diplomático obtener más de 6,6 millones de euros por sus servicios a Pdvsa, de los cuales una parte también habría beneficiado a su padre.
Además, se descubrió que la sociedad Morodo Abogados, creada en 2007 por padre e hijo, carecía de actividad comercial, sirviendo únicamente para desplazar la carga fiscal. La empresa registró ingresos por 467.832 euros entre 2013 y 2014, sin que se conocieran los servicios prestados.
Versión Final
