Valencia, 24 de abril de 2026-. Informe reveló agresiones contra activistas y organizaciones de DDHH en Venezuela. Así lo detalló el boletín publicado este jueves 23 de abril por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Durante los primeros tres meses del año se documentaron 122 ataques e incidentes de seguridad en el país. Esta cifra representa una disminución del 48 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.
Pese al descenso numérico, la organización advierte que no existe un cese de las prácticas represivas. El informe señala la continuidad de una política sistemática dirigida a restringir el derecho a defender garantías fundamentales.
Informe reveló agresiones contra activistas y organizaciones de DDHH en Venezuela
La ONG sostiene que los ataques registrados reflejan un patrón sostenido de persecución contra la acción cívica. El objetivo de estas acciones sería inhibir la labor de quienes exigen el respeto al Estado de derecho.
Del total de casos reportados, la estigmatización fue el método más frecuente con 82 incidentes documentados. También se registraron 35 casos de hostigamiento e intimidación, además de amenazas y un ataque digital.
El CDJ subraya que este informe revela agresiones contra activistas como consecuencia directa de restricciones más severas. Las personas y organizaciones son señaladas con frecuencia como supuestas enemigas del Estado por su labor humanitaria.
Responsables y riesgos en la transición
Los funcionarios públicos fueron identificados como los principales responsables, acumulando el 44 % de las agresiones. Los medios de comunicación del gobierno y actores afines representan el 25 % y 23 % respectivamente.
El documento señala que defender derechos humanos implica riesgos bajo la actual gestión de Delcy Rodríguez. El aparato institucional mantiene vigentes medidas que sancionan la promoción de las libertades fundamentales en el territorio.
Este informe revela agresiones contra activistas en un contexto donde la apertura del espacio cívico resulta esencial. Para la ONG, la transición democrática requiere necesariamente que el activismo pueda ejercerse sin temor a represalias.
Necesidad de proteger el espacio cívico
La organización enfatiza que estos eventos no son aislados, sino que forman parte de una estructura de control social. El debilitamiento del espacio democrático sigue siendo una preocupación constante para las instituciones internacionales de justicia.
El informe concluye que el respeto a la labor de los defensores es un pilar para cualquier sociedad libre. Por ello, instan a las autoridades a detener la criminalización de quienes asisten a las víctimas de abusos.
