Gremio agrónomo propone actualizar Ley de Tierras. Ante los anuncios recientes de inversiones internacionales en el país, el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Alimentos (SVIAA), Saúl Elías López, planteó este lunes a la Asamblea Nacional la necesidad de actualizar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA).
López explicó que la legislación agropecuaria, vigente desde 2001, ha sufrido varias reformas pero aún contiene más de 200 artículos que condicionan la tenencia de la tierra y limitan aspectos esenciales como la seguridad jurídica y la propiedad privada.
Dicha ley está a cargo de la ejecución por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que regula el acceso y uso de tierras con vocación agrícola en el país.
Seguridad jurídica y confianza para productores
El dirigente gremial señaló que, aunque se han anunciado grandes inversiones en el sector, una de las condiciones para que estos recursos lleguen realmente al campo venezolano es la reforma total de la Ley de Tierras.
Según López, la reforma permitiría generar confianza y seguridad jurídica, respetar la propiedad privada y ofrecer mejores condiciones a los productores agropecuarios nacionales y extranjeros.
El representante de SVIAA también manifestó que comparte la agenda de reformas legislativas que ha planteado el gobierno y la Asamblea, y propuso incluir la Ley de Tierras en ese paquete prioritario para impulsar el desarrollo económico del país.
Participación de gremios y academia
López afirmó que en el debate sobre la reforma agraria está dispuesto a participar la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Alimentos junto a universidades y a la Academia de Ingeniería y Hábitat.
Además, pidió que se incorpore al gremio de los productores agrícolas, en especial a Fedeagro —principal organización del sector primario de la economía vegetal— y a la Asociación Venezolana de Agrotecnología (AVAT), para que sus voces estén presentes en el proceso legislativo.
Los defensores de la actualización de la Ley de Tierras aseguran que una normativa más moderna y flexible podría ayudar a atraer inversiones, aumentar la producción y reforzar la confianza de los agricultores en un sector clave para la seguridad alimentaria nacional.
Con información de Banca y Negocios
