Valencia, 24 de febrero de 2026-. Gobierno anunció 177 presos políticos y 2.021 personas con medidas cautelares. La comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional anunció que 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han recibido beneficios desde la entrada en vigor de la norma aprobada el 19 de febrero pasado. La cifra fue comunicada desde el palacio presidencial de Miraflores por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de seguir la aplicación de la ley.
Arreaza detalló que se han contabilizado más de 3.000 solicitudes para acogerse a la amnistía y que los tribunales del país siguen recibiendo peticiones en varias jurisdicciones.
Gobierno anunció 177 presos políticos y 2.021 personas con medidas cautelares
El diputado indicó que la Ley de Amnistía ha permitido que 177 personas hayan sido excarceladas directamente desde su vigencia. Además, señaló que 2.021 personas han tenido suspendidas restricciones judiciales, como regímenes de presentación ante tribunales, lo que representa libertades plenas para quienes estaban bajo esas medidas.
Arreaza aseguró que el espíritu de la ley es fomentar la convivencia democrática y la paz en el país tras años de tensiones políticas. También recordó que desde diciembre pasado ya se habían reportado más de 800 excarcelaciones, una cifra apoyada por el propio Gobierno encargado.
La comisión parlamentaria está además encargada de revisar casos «no contemplados» explícitamente en la normativa para evaluar si pueden beneficiarse del instrumento legal.
Diferencias con ONG y procesos judiciales
Organizaciones como Foro Penal han publicado cifras distintas. Según registros de esa ONG, entre el 8 de enero y el 22 de febrero se verificaron 464 excarcelaciones y al menos 65 liberaciones plenas desde la aprobación de la ley.
Foro Penal también diferencia entre liberaciones plenas y excarcelaciones con medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.
En paralelo, grupos de familiares y activistas han expresado inquietudes por casos que aún no han avanzado en tribunales, y algunos jueces especializados en delitos como terrorismo habrían recibido solicitudes con retardo o rechazo, según denuncias de sectores opositores.
Retos y perspectivas
La implementación de la Ley de Amnistía enfrenta desafíos tanto en su ejecución judicial como en la percepción pública sobre su alcance. Mientras el Gobierno destaca cifras altas de beneficiados, las organizaciones de derechos humanos y opositores señalan discrepancias en los datos y persisten solicitudes pendientes.
A pesar de las diferencias en los registros, la Ley de Amnistía ha tenido un impacto inmediato en miles de personas que estaban bajo medidas judiciales o en prisión. Las autoridades parlamentarias aseguran que el seguimiento continuará y que se evaluarán nuevos casos en los tribunales competentes.
