Funeralistas en Venezuela denuncian altos impuestos y falta de acceso a carrozas. El gremio funerario solicita al gobierno flexibilizar condiciones para importar vehículos esenciales para su labor.
El presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria de Venezuela (Asoproinfu), Eduardo José Vallés, afirmó que el servicio funerario debe ser considerado “de primera necesidad”. Señaló que nadie está exento de requerirlo y se presta en todos los estratos sociales.
Sin embargo, indicó que el sector enfrenta serias dificultades para operar. En primer lugar, destacó la limitada capacidad de pago de buena parte de la población venezolana. Además, denunció que el parque automotor del sector está obsoleto, lo cual complica aún más la prestación del servicio.
Funeralistas en Venezuela denuncian altos impuestos y falta de acceso a carrozas
Vallés explicó que, desde hace más de 30 años, los vehículos utilizados por la industria funeraria dejaron de tener una categoría tributaria diferenciada. Hoy, pagan los mismos impuestos que un automóvil de lujo, lo que encarece su adquisición e impide su renovación.
Aseguró que una carroza fúnebre puede costar entre 130.000 y 160.000 dólares en el exterior. Las empresas que las fabrican deben comprar autos regulares, modificarlos completamente y adaptarlos, lo que representa un gasto considerable.
Por ello, Asoproinfu solicitará al viceministro Hendrick Perdomo, del Ministerio de Comercio Nacional, que se amplíe el rango de tiempo para importar estos vehículos y se revisen los impuestos aplicables.
Alianzas con financiamiento, pero con poco impacto
Vallés también mencionó que firmaron un convenio con Cashea, una aplicación de pagos en cuotas, para ofrecer facilidades. La alianza está activa desde marzo, pero solo representa el 3% o 4% de las operaciones en la Organización Vallés.
Finalmente, el presidente del gremio subrayó que el precio de un servicio funerario comienza en 300 dólares. No obstante, la alta informalidad en el sector afecta fuertemente a las empresas formales, que deben enfrentar cargas tributarias sin incentivos ni protección.
