Valencia, 20 de septiembre de 2026-. Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez una orden para proteger información telefónica y otras evidencias digitales del caso de Maduro.
Evidencia digital de Maduro quedó bajo nuevas medidas solicitadas por la Fiscalía de Estados Unidos ante el juez Alvin K. Hellerstein. La petición busca regular el manejo de teléfonos, computadoras y otros dispositivos vinculados con Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La información fue difundida el viernes 18 de septiembre por la periodista e investigadora venezolana Maibort Petit, quien sigue el proceso judicial. Según explicó, la Fiscalía presentó ante el tribunal una solicitud para proteger la información obtenida de los dispositivos.
“Esto es una bomba desde el punto de vista de lo que se conoce como la evidencia digital”, afirmó Petit en sus redes sociales. La periodista señaló que el material entra directamente en el caso contra Maduro y Flores.
La solicitud se conoce mientras las partes ya cuentan con una orden de protección para regular documentos, registros y otros materiales entregados durante el proceso.
Fiscalía plantea nuevas reglas para la evidencia digital
Petit también informó sobre un nuevo párrafo incluido en la propuesta presentada ante el tribunal. Esta disposición permitiría el intercambio entre ambos acusados de determinada información almacenada electrónicamente.
De acuerdo con la periodista, la Fiscalía sostiene que las defensas de Maduro y Flores aceptaron expresamente esa modificación.
El expediente del caso establece que la orden de protección regula el manejo de los materiales entregados durante la etapa previa al juicio. El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Maduro enfrenta cuatro cargos principales. Entre ellos figuran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos acusaciones relacionadas con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, según el calendario citado en el expediente del proceso.
Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con las mismas acusaciones, aunque su situación procesal no es idéntica a la de Maduro. Ambos permanecen detenidos en Nueva York mientras avanzan las actuaciones judiciales.
Defensa de Maduro mantiene disputa sobre inmunidad
El movimiento sobre la evidencia digital ocurre después de que la defensa de Maduro pidiera el 3 de septiembre desestimar la acusación en su contra.
Sus abogados argumentaron que el entonces jefe de Estado venezolano estaba protegido por inmunidad soberana. La defensa sostiene que esa protección constituye un principio del derecho internacional.
En documentos presentados ante el tribunal, los abogados Barry Pollack y Anna Estevao plantearon que ningún tribunal estadounidense había celebrado un juicio penal contra un gobernante extranjero reconocido por su propio país como jefe de Estado cuando se formularon los cargos.
La petición, sin embargo, corresponde a la posición de la defensa y debe ser resuelta por el juez. El expediente judicial muestra que las partes mantienen distintas disputas sobre el alcance y manejo de la evidencia durante la fase previa al juicio.
Además, la Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 8 de octubre una audiencia relacionada con la solicitud de Cilia Flores para continuar el proceso bajo arresto domiciliario.
Caso Alex Saab añade otro elemento al proceso
La solicitud sobre la evidencia digital de Maduro también se conoce pocos días después de que Alex Saab se declarara culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero.
El Departamento de Justicia informó el 15 de septiembre que Saab admitió participar en un esquema de lavado de dinero relacionado con sobornos y contratos públicos para importar alimentos y medicinas a Venezuela.
Según la Fiscalía estadounidense, el acuerdo de culpabilidad contempla que Saab proporcione información a las autoridades. El alcance de esa cooperación y su eventual relación con otros procesos deberá determinarse a partir de las actuaciones judiciales correspondientes.
