La justicia colombiana ha dado un paso definitivo en uno de los procesos administrativos más polémicos de la actual administración. La Fiscalía General de la Nación ha radicado formalmente el escrito de acusación y llama a juicio al excanciller Álvaro Leyva Durán, por su presunta responsabilidad en las irregularidades que rodearon la licitación para la fabricación de pasaportes en el país.
El caso se remonta a la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación inicial, a pesar de que la empresa Thomas Greg & Sons había cumplido con los requisitos técnicos, y la posterior declaración de una «urgencia manifiesta» para contratar de manera directa. Según el ente acusador, estas acciones podrían constituir delitos relacionados con la celebración indebida de contratos y extralimitación de funciones.
Los cargos y la estrategia de la Fiscalía
El proceso penal contra el exfuncionario se centra en la tesis de que la anulación del proceso licitatorio no tuvo un sustento jurídico sólido y que, por el contrario, afectó los principios de transparencia y libre concurrencia. La Fiscalía sostiene que la actuación de Álvaro Leyva en el caso de los pasaportes vulneró la administración pública y expuso al Estado a millonarias demandas por parte de los proponentes afectados.
Este llamado a juicio ocurre meses después de que la Procuraduría General de la Nación también impusiera una sanción de suspensión e inhabilidad al exdiplomático por los mismos hechos, confirmando que existen indicios suficientes para que un juez de la República determine su responsabilidad penal.
Impacto en la administración de Gustavo Petro
La situación jurídica de Leyva representa un revés político para el gobierno del presidente Gustavo Petro, dado que el excanciller era una de las figuras de mayor confianza y peso político dentro del gabinete. La controversia por los pasaportes generó, durante gran parte de 2024 y 2025, una crisis en la expedición del documento que afectó a miles de ciudadanos colombianos tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Desde la defensa de Leyva se ha mantenido que todas las decisiones se tomaron bajo el principio de defender el patrimonio público y evitar monopolios en la contratación estatal. Sin embargo, el sistema judicial colombiano deberá ahora evaluar las pruebas recopiladas para dictar una sentencia definitiva.
Próximos pasos procesales
Con el radicado del llamado a juicio, se espera que en las próximas semanas se fije la fecha para la audiencia preparatoria. En esta etapa, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán las pruebas que pretenden hacer valer durante el juicio oral.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia continúa trabajando en un nuevo modelo de expedición de pasaportes, buscando dejar atrás la sombra de este escándalo que ha llevado a uno de sus hombres más experimentados al banquillo de los acusados en este 2026.
Con información de Alberto News.
