Fiscal general de España involucrado en presunta filtración de información confidencial. El juez Ángel Hurtado ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de un correo electrónico que contenía información confidencial relacionada con una confesión de fraude fiscal. Esta correspondencia involucraba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Junto a él, también ha sido procesada la fiscal provincial de Madrid, en una decisión que podría llevarlos a juicio en los próximos meses.
Según el auto judicial, el correo en cuestión fue obtenido el 13 de marzo de 2024 y contenía detalles sensibles de una confesión del empresario Alberto González Amador por un fraude de 350.000 euros. El juez sostiene que el fiscal general actuó por “indicaciones de Presidencia del Gobierno” con el objetivo de “ganar el relato” mediático. La causa fue abierta por el Tribunal Supremo hace ocho meses, luego de medio año de diligencias iniciales en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fiscal general de España involucrado en presunta filtración de información confidencial
Durante la investigación han declarado 18 personas, incluidos González Amador, su abogado y varios fiscales. Aunque la causa incluyó en un inicio a tres imputados, se archivó el proceso contra Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica. La principal evidencia se habría obtenido del teléfono móvil de Pilar Rodríguez, asesora de la Fiscalía General, donde se revelan conversaciones sobre cómo acceder al correo de González Amador, aunque no se prueba directamente la filtración.
Tanto García Ortiz como la fiscal provincial defienden que actuaron conforme a derecho tras recibir una denuncia y al descubrir el vínculo de González Amador con Ayuso. Aseguran que solicitaron al fiscal Julián Salto los correos electrónicos de forma legal y niegan haber autorizado su difusión a la prensa.
Este nuevo paso judicial intensifica la tensión política y mediática en España. La pareja de Ayuso insiste en que se juzgue a los responsables, mientras sectores del Gobierno critican lo que consideran una ofensiva judicial sin pruebas concluyentes de filtración directa.
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