Familias de presos políticos denuncian fallas en los protocolos de evacuación durante los sismos y exigen la liberación de más de 300 detenidos. Familiares de privados de libertad en el país denunciaron públicamente que las autoridades omitieron los protocolos de evacuación y prevención en los recintos penitenciarios tras los recientes sismos, a pesar del evidente deterioro de sus infraestructuras.
La activista Andreina Baduel —hermana de Adolfo Baduel, quien suma seis años detenido en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas— afirmó que durante el doble terremoto y sus posteriores réplicas no existió una respuesta oportuna para salvaguardar a los reclusos.
Retrasos en evacuación, denuncias de maltratos y testimonios de tortura
Al respecto, Baduel detalló que transcurrieron casi 50 minutos para que los internos fueran retirados de los módulos en riesgo. Sostuvo que al denunciar los daños estructurales sufridos por las instalaciones en las dos semanas posteriores a la emergencia, la respuesta de las autoridades fue «amedrentar a la población penal». Sin embargo, los parientes aseguran que estas medidas incluyeron encierros de 24 horas continuas y amenazas.
«Tardaron casi 50 minutos en evacuarlos y la respuesta posterior a las denuncias por daños en las estructuras fue amedrentarlos y mantenerlos encerrados 24/7».
Ley de amnistía, cifras de Foro Penal y reclamo de las familias
Alcance de la medida de amnistía y posturas de las ONG
Por lo tanto, pese a que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promovió en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de privados de libertad por razones políticas luego de la captura de Nicolás Maduro, las organizaciones no gubernamentales califican la medida de insuficiente. Por esa razón, los defensores de derechos humanos sostienen que la narrativa oficial de reconciliación busca opacar las fallas del sistema. Adicionalmente, esta coyuntura mantiene la atención sobre la gestión en las cárceles de Venezuela.
Cifras de detenidos y demanda de excarcelaciones
Por otra parte, la ONG Foro Penal contabiliza 372 personas privadas de libertad por motivos políticos en el territorio nacional, aunque organizaciones independientes estiman que la cifra real se sitúa cerca de los 500 casos. Ciertamente, alrededor de 500 familias continúan a la espera de medidas de excarcelación para sus allegados. No obstante, las denuncias internacionales insisten en la visibilización de estos expedientes.
Con información de Alberto News
