El Impulso – Caracas, 26 de abril de 2023.- Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2017 solicitaron nuevamente al Ministerio Público que se adelanten investigaciones «de manera genuina» contra los autores materiales y cadenas de mando implicados en estas muertes.
En una protesta frente al Ministerio Público, en el centro de Caracas, los familiares recordaron que, transcurridos un año y cinco meses de la firma del memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno venezolano, no se ha avanzado en la investigación efectiva de graves violaciones de derechos humanos.
La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic) destacó que, en al menos nueve casos, de asesinados durante las protestas de 2017 «no existen imputados, acciones, ni voluntad real para determinar la responsabilidad en los asesinatos».
Esos casos corresponden a Miguel Castillo Bracho, Yoinier Peña Hernández, Diego Arellano, Yorman Bercevia, Adrián Duque Bravo, Luis Espinoza Castillo, Nelson Arévalo, Roberto Durán Ramírez y Eduardo Orozco Porras.
Absoluta impunidad, así definió Elvira Pernalete la falta de justicia sobre los sucesos de 2017, en los que fueron asesinados más de 160 personas en todo el país.
Elvira Pernalete es madre de Juan Pablo Pernalete, quien murió el 26 de abril de 2017 al ser impactado por una bomba lacrimógena que un funcionario de la Guardia Nacional (GN) disparó contra su pecho, durante una protesta en el distribuidor Altamira, al este de Caracas.
13 Guardias Nacionales fueron imputados como autores materiales y corresponsables de su muerte, pero solo dos fueron acusados por el Ministerio Público y se desconoce el paradero de estos últimos.
La madre del joven aseveró que se intenta ocultar, «olvidar, que no haya memoria histórica de lo que pasó en 2017. Nosotros padres y familiares de estos jóvenes seguimos en pie de lucha».
Al ser consultada sobre las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, que incluyó paralizar la investigación de la CPI para retomar el diálogo en México, la madre del joven afirmó que «la justicia no se negocia y no pueden parar una investigación cuando aquí en Venezuela no hay voluntad de darnos justicia a nosotros los venezolanos (…) Aquí estamos padres, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos y no vamos a parar. Aquí hay impunidad. Aquí hay tortura, aquí siguen asesinando, amedrentando».