Notitarde – Caracas, 4 de febrero de 2024. Un juez colombiano sentenció a 20 años y nueve meses de prisión a la exrectora de un colegio del municipio de Charalá, departamento de Santander (noreste), acusada de entregar alumnas de esa institución a paramilitares que las sometían a abusos sexuales, informó este domingo la Fiscalía.
La condenada, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, presuntamente consintió que integrantes del frente Comunero Cacique Guanentá de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) abusaran entre 2001 y 2003 de sus estudiantes, la mayoría menores de edad, de «manera sistemática», detalló el ente acusador en un comunicado.
Los abusos eran cometidos dentro de la escuela que dirigía Gutiérrez, en el corregimiento de Riachuelo, perteneciente a Charalá, y también fuera del centro educativo. Incluso prestó la oficina de la Rectoría del colegio para que se cometieran las agresiones.
La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones.
Fueron identificadas dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prolongados periodos los vejámenes de jefes paramilitares.
La Fiscalía informó que hay al menos 25 casos de alumnas y alumnos que fueron abusados sexualmente o reclutados por el grupo paramilitar entre 2001 y 2003, pero que la cifra podría ser mucho más alta.
Gutiérrez fue condenada por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.
Según denuncias conocidas por la Fiscalía, los niños del centro educativo también resultaron víctimas de la situación, pues eran obligados por los paramilitares a patrullar las calles de Riachuelo.
También se condenó a un particular, identificado como José William Parra, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, quien auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. La investigación determinó que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.
Parra fue condenado a 24 años y dos meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
Los paramilitares se desmovilizaron en 2006, durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, y 14 de sus principales cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
