Exilio venezolano alerta sobre riesgo por fin del TPS en EE. UU. El exilio venezolano en Estados Unidos, agrupado en las organizaciones Veppex y Amavex, condenó este jueves la decisión de la administración de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para más de 260.000 venezolanos inscritos desde 2021 bajo la administración Biden.
«Esta medida amenaza con deportar a miles de familias que huyeron de un país donde la represión sistemática contra disidentes, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura son prácticas de Estado”, afirmaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.
Exilio venezolano alerta sobre riesgo por fin del TPS en EE. UU.
Los líderes del exilio recordaron que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja y una devastación económica, con hiperinflación superior al 1.000.000 % desde 2013. Además, señalaron que leyes como la «Ley contra el Odio» castigan la disidencia con penas de hasta 30 años de prisión.
El presidente de Veppex aseguró que «quitar el TPS a los venezolanos es querer deportarlos a un país liderado por un cartel de narcotraficantes». Por ello, las organizaciones instaron al juez Chen a emitir una decisión inmediata en el caso National TPS Alliance, et al., v. Kristi Noem, et al. (No. 3:25-cv-01766) para extender el TPS de 2021.
El comunicado completo destaca que la suspensión del caso el 25 de agosto de 2025 deja a 257.000 venezolanos en una situación crítica, con la pérdida de sus permisos de trabajo y la amenaza de deportación en menos de una semana. Por ello, piden con urgencia una medida cautelar para mantener el TPS vigente hasta que se resuelva el litigio, evitando daños irreparables a familias y comunidades.
Asimismo, califican la terminación del TPS de 2021 como ilegal, arbitraria e infundada, pues ignora las condiciones inhumanas en Venezuela. Documentos de la ONU y la OEA han registrado la represión política sistemática: líderes opositores perseguidos, periodistas encarcelados y ciudadanos sometidos a violencia institucional.
Las acciones solicitadas incluyen: que el juez Chen emita una orden preliminar antes del 10 de septiembre de 2025; que el Congreso apruebe la Ley de TPS de Venezuela 2025 para otorgar residencia permanente; que el DHS reconozca la crisis y revoque la terminación del TPS; y que la ACLU refuerce la demanda y emprenda acciones legales adicionales para proteger a los beneficiarios.
