Valencia, 27 de abril de 2026-. Esto dicen sobre legalidad del acceso de la defensa de Maduro a recursos del Estado venezolano. El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció posibles irregularidades en el uso de recursos públicos para este fin.
Según el jurista, financiar gastos personales con dinero del Estado podría constituir delitos graves según la legislación nacional.
Esto dicen sobre legalidad del acceso de la defensa de Maduro a recursos del Estado venezolano
Mundaray señaló que la decisión de permitir el pago de honorarios legales es válida en el ordenamiento estadounidense.
Sin embargo, aclaró que la utilización de recursos venezolanos carece de sustento en las leyes propias del país.
«¿Qué norma autoriza utilizar una partida pública para ese ilegal pago?», cuestionó el experto en sus redes sociales.
La alerta por fondos para defensa legal se centra en el cumplimiento de la Ley contra la Corrupción venezolana.
Específicamente, el exfiscal mencionó los delitos de apropiación de patrimonio público y destino diferente de fondos estatales.
Estos ilícitos se materializarían al desviar partidas presupuestarias hacia gastos de carácter estrictamente personal y privado.
Responsabilidades para funcionarios públicos
El exfuncionario advirtió que firmar estas autorizaciones podría generar responsabilidades penales directas para los involucrados.
En este caso, la mencionada sería la mandataria encargada Delcy Rodríguez por su rol administrativo.
La alerta por fondos para defensa legal surge ante la posibilidad de que se formalice este polémico uso presupuestario.
Los artículos 59 y 63 de la normativa vigente establecen sanciones claras para quienes desvíen rentas públicas.
Por ello, el debate jurídico actual se enfoca en la protección de los activos que pertenecen a la nación.
Cualquier movimiento financiero de este tipo será vigilado de cerca por expertos en derecho penal internacional.
Condiciones de la autorización extranjera
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permitió el uso de fondos bajo condiciones sumamente estrictas.
Solo podrán utilizarse recursos generados a partir del 5 de marzo de 2026 para cubrir estos honorarios.
Se excluyen activos previamente sancionados, como los ingresos petroleros bloqueados o las reservas de oro del país.
