El Carabobeño – Caracas, 6 de julio de 2023.- En junio de 2023 la ciudadanía fue la más violentada en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión por parte del Estado venezolano entre un total de 16 casos y 42 tipos de violaciones, principalmente por intimidación y amenazas, informó este jueves, 6 de julio, la ONG Espacio Público.
20 de las 42 violaciones a la libertad de expresión que registramos fueron actos de intimidación, junto con ocho de amenaza, seis de hostigamiento judicial, cinco de censura, dos de hostigamiento verbal y una agresión.
Las principales víctimas en junio fueron personas particulares (11) y periodistas/reporteros (10) de un total de 28 víctimas contabilizadas, así como 11 detenciones por ejercer la libre expresión (ocho particulares y tres trabajadores públicos).
20 de los victimarios se relacionan directamente con el Estado: 10 cuerpos de seguridad, siete instituciones y tres funcionarios o funcionarias, junto con un grupo victimario afín al partido de gobierno.
Criminalización de la crítica ciudadana
El 15 de junio, el gobernador oficialista del estado Táchira (oeste), Freddy Bernal, amenazó con demandar en tribunales a quienes hagan “denuncias infundadas”, luego de que un dirigente opositor denunciara problemas e irregularidades en la entidad.
Bernal amenazó con demandar por “difamación e injuria” a quienes, según su criterio, hagan denuncias sin pruebas.
En el estado Mérida (oeste), el 18 de junio, fue detenido el productor agropecuario Ysnet Rodríguez luego de que se viralizara un video en el que arrojó alimentos a un río, a modo de protesta, por no conseguir combustible para trasladar y vender la mercancía desde las zonas productoras.
Rodríguez fue acusado de “boicot” por el Ministerio Público y de buscar “causar zozobra en la población”. En el video, el productor resaltó que quería que se hiciera viral para que llegara a alcaldes, gobernadores y al gobierno nacional para que vieran la situación que viven los agricultores con el combustible.
Dos días después, el 20 de junio, fue detenido un segundo agricultor por la misma razón. Jhojan Barazarte fue aprehendido y acusado de “boicot” por la Fiscalía por protestar ante la escasez de gasolina lanzando al río una cosecha de tomates en la población de Las Adjuntas, municipio Carache del estado Trujillo (oeste).
También en el estado Trujillo, específicamente en la ciudad capital de Valera, la ciudadana Mariana Barreto Falcón fue detenida el 14 de junio por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina de una estación de servicio que pertenece a su familia.
La ciudadana fue acusada de “traición a la patria”, “boicot” y de vender gasolina a personas allegadas, hechos que desmintieron sus familiares y personas allegadas, ya que “ni administra ni trabaja en la bomba”. La tía de la víctima aseguró que Barreto reclamó la falta de gasolina y fue encarada por las autoridades, quienes la amenazaron.
Mientras que en Puerto Ordaz, estado Bolívar (sur), el Tribunal de Primera Instancia de Jucio del Trabajo decretó una medida cautelar que le restringe a 22 trabajadores y trabajadoras de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) su derecho al trabajo, huelga y libertad de expresión.
El tribunal ordenó a las personas mencionadas abstenerse de “promover situaciones de conflictos”, colocar afiches, grafitis, pancartas o “cualquier tipo de instrumentos de difusión” que pueda “incitar al odio” entre la comunidad laboral de SIDOR. Desde el 7 de junio, obreros y dirigentes sindicales paralizaron una planta de la empresa para exigir mejoras y el reenganche de trabajadores destituidos.
