Tal Cual – Caracas, 28 de junio de 2023.– La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó, por mayoría, este martes 27 de junio un acuerdo de salutación por el Día Nacional del Periodista. En su intervención, el diputado Gustavo Villapol (PSUV – Lista nacional) afirmó que en el país «no hay periodistas perseguidos» o medios de comunicación cerrados, y que solo a partir de la Constitución de 1999 se puede hablar de libertad de prensa.
«Aquí no hay periodistas asesinados, no hay periodistas perseguidos. Aquí no hay medios cerrados. Los números hablan por sí solos, pasaron de 400 a 1.500 medios», dijo el director del semanario de corte oficialista 4F durante la sesión ordinaria.
Según Villapol, hay personas que utilizan tres razones por la que no hablar de libertad de prensa en el país: por desconocimiento, por falta de memoria o por intencionalidad. Aseguró que «durante más de 60 años» todos los medios de comunicación estuvieron en manos de seis familias, que manejaron lo que se publicaba en el país.
Además, destacó que el cénit del periodismo venezolano «se consiguió con la Constitución de 1999 que garantizó derechos fundamentales». Dijo que con los medios comunitarios y populares se alcanzó «la verdadera libertad de prensa».
«¿Ustedes saben que sí atentó contra la libertad de prensa y los medios? El bloqueo. Canadá dejó de vendernos papel gracias al bloqueo, y los mismos medios de comunicación que llamaron al bloqueo, a las sanciones, se quedaron sin papel», señaló el diputado oficialista.
El diputado oficialista no mencionó datos como los de la ONG Espacio Público, que ha documentado el cierre de 285 emisoras radiales entre 2003 y 2022, o la perdida de al menos 20 mil empleos por el cierre de medios de comunicación. Tampoco mencionó la centralización de la compra del papel prensa a través de la Corporación Alfredo Maneiro, que asignaba el recurso a discrecionalidad.
Otra de las cuestiones que se omitieron durante el debate fueron las denuncias de persecución a periodistas y medios de comunicación, además de la obstrucción de la libertad de expresión por parte de funcionarios del Estado.