France 24 – Valencia, 7 de mayo de 2024-. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presenta este lunes 6 de mayo una reforma ante el Congreso, con la que busca la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien durante meses intentó evitar la llegada al poder del líder político de izquierda.
«El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya», afirmó Arévalo de León, el domingo 5 de mayo, cuando en un mensaje por cadena nacional anunció el paso que daría.
Arévalo precisó que enviará una reforma de ley al Legislativo unicameral para que los 160 diputados que lo conforman avalen la nueva normativa y muestren «su compromiso con la justicia y la verdad».
La decisión del mandatario pretende modificar la ley que actualmente prohíbe que el presidente o cualquier funcionario pueda remover a la fiscal, ya que la normativa vigente señala que la única manera de que eso suceda es si quien ocupa el puesto es condenado en un proceso legal.
Arévalo de León indicó que la reforma de ley del Ministerio Público «preserva» la «autonomía» de la entidad, «al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente que el pueblo y la Constitución le han confiado«.
Durante su intervención, el jefe de Estado recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción, vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben ese flagelo.
«El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo», subrayó el presidente.
¿Qué se necesita para que la propuesta de Arévalo proceda?
Queda en manos de los 160 diputados del Congreso validar o descartar la propuesta.
Para aprobar la reforma, son necesarios al menos 106 votos, como establece la ley guatemalteca.
El partido oficialista, el Movimiento Semilla, cuenta con solo 23 diputados. Sin embargo, el pasado enero logró sumar hasta 92 votos de grupos políticos aliados durante la elección de la presidencia del Parlamento.
Porras ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018 y junto a su cúpula se encuentran sancionados por Estados Unidos (2021) debido a que han «socavado la Justicia» en el país centroamericano, de acuerdo al Gobierno que preside Joe Biden.
A la fiscal general se le atribuye, de acuerdo con varias fuentes, los intentos por evitar la investidura de Arévalo de León el pasado enero y también la persecución judicial a más de 100 personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2022.
Porras fue reelecta hace dos años por decisión del entonces presidente, Alejandro Giammattei, y su período oficial culmina en 2026.
Pero tras ser sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y criticada en Guatemala y en el exterior por presuntamente haber intentado intervenir en el proceso electoral que le dio el triunfo a Arévalo, la situación de Porras en el actual Gobierno sería distinta.
El pasado 29 de febrero, Arévalo denunció penalmente a Porras, al acusarla de «incumplimiento de deberes» por negarse a reunirse con él, el mes anterior, cuando fue investido.
Con información de EFE y France 24.
