El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó sobre una presunta intervención en el centro penitenciario de Yare y pide que se garanticen los derechos de los detenidos.
La organización ciudadana recibió múltiples testimonios de familiares de detenidos y habitantes de las zonas aledañas en el estado Miranda.
Según reportaron medios locales, el corte en el suministro eléctrico comenzó la noche anterior y mantuvo el sector bajo un apagón que incrementó la incertidumbre. El comité denunció que la falta de luz en la infraestructura carcelaria genera un escenario de total opacidad informativa.
Llamadas breves de detenidos y cerco informativo
La organización indicó que algunos presos políticos lograron comunicarse brevemente por vía telefónica con sus parientes durante la contingencia. Sin embargo, las comunicaciones resultaron sumamente cortantes y se desarrollaron bajo un evidente clima de tensión dentro del penal.
El comité advirtió que el cerco informativo mantiene a los familiares en una situación de total indefensión ante la falta de datos oficiales. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han ofrecido reportes que confirmen la intervención ni detallen el estado de los reclusos.
Las agrupaciones defensoras recordaron que la integridad física y los derechos de las personas privadas de libertad son responsabilidad directa del Estado venezolano. Ante ello, exigieron la presentación inmediata de fe de vida y el cese de las restricciones informativas en el recinto.
Exigencia de transparencia y llamado a la comunidad internacional
El comité hizo un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para mantenerse vigilante sobre los acontecimientos en Yare. Las organizaciones sociales reiteraron la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los ciudadanos recluidos.
Las familias afectadas continúan a la espera de pronunciamientos oficiales que esclarezcan las condiciones reales dentro de las instalaciones penitenciarias mirandinas. Las labores de seguimiento institucional se mantienen activas para constatar la situación de los detenidos.
