El Acuerdo Flores, un pacto legal que lleva casi cuatro décadas estableciendo las normas mínimas para el trato a menores migrantes en Estados Unidos, enfrenta hoy un serio desafío. Este acuerdo, que nació tras la detención de Jenny Lisette Flores, una adolescente salvadoreña de 15 años interceptada en 1985 intentando ingresar sola al país, ha protegido durante 30 años a niños y jóvenes en situaciones similares.
El caso de Flores destapó las condiciones precarias y abusivas en las que muchos menores eran detenidos. Fue así como, tras años de demandas y litigios, se firmó en 1997 este acuerdo que obliga a las autoridades a garantizar un trato digno, condiciones sanitarias adecuadas y la reunificación familiar cuando sea posible.
Sin embargo, en mayo de 2025, el Departamento de Justicia de la administración Trump solicitó el fin del Acuerdo Flores, argumentando que limita las políticas migratorias y fomenta la migración irregular. Organizaciones de defensa de los derechos humanos respondieron con una contrademanda, señalando que la protección de los menores es un derecho básico y que la ausencia del acuerdo abriría la puerta a abusos y negligencias.
Este viernes, la jueza federal Dolly M. Gee decidirá sobre el futuro del Acuerdo Flores en una audiencia en Los Ángeles, una decisión que podría cambiar el destino de miles de niños migrantes en Estados Unidos.
Para muchos, el Acuerdo Flores no solo es un marco legal, sino un símbolo de la lucha por los derechos humanos en la frontera. Su posible desaparición preocupa a activistas, abogados y familias que temen un regreso a prácticas que el acuerdo buscó erradicar.
