Ecuador endurece penas para adolescentes ligados al crimen organizado y expulsa a extranjeros delincuentes. El Congreso de Ecuador aprobó este martes una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y establece la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país. La medida busca enfrentar la violencia sin precedentes que vive Ecuador, impulsada por el narcotráfico y las mafias internacionales rivales.
Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la Asamblea Nacional, la Ley de Integridad Pública introduce reformas en una veintena de normas vigentes, incluyendo leyes de movilidad humana, tránsito, función judicial y el código de la niñez y adolescencia. Esta es la segunda ley aprobada en menos de un mes que refuerza la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.
Ecuador atraviesa un conflicto sangriento por el control territorial entre grupos narcotraficantes. La tasa de homicidios aumentó dramáticamente, pasando de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, con un récord de 47 en 2023.
Según la asambleísta oficialista Valentina Centeno, los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, enfrentarán penas de hasta 15 años y serán juzgados como adultos. Además, los adolescentes que colaboren con las autoridades denunciando a reclutadores podrán obtener una reducción de hasta el 50% en sus condenas.
Ecuador endurece penas para adolescentes ligados al crimen organizado y expulsa a extranjeros delincuentes
No obstante, la Unicef en Ecuador manifestó su preocupación por estas reformas, calificándolas de regresivas. El organismo señaló que no han demostrado ser efectivas y que podrían agravar la crisis en el sistema penitenciario. También destacó que las medidas contravienen la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por su parte, la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, advirtió que el endurecimiento de las penas provocará un masivo encarcelamiento de adolescentes, quienes podrían perfeccionar sus delitos y reincidir a temprana edad. Bowen criticó que la ley se enfoque solo en la punición y no en la responsabilidad social hacia la niñez y adolescencia.
Además, la normativa contempla la posibilidad de declarar en emergencia el sistema judicial, ante denuncias del gobierno sobre la infiltración del crimen organizado para lograr impunidad.
