Valencia, 2 de noviembre de 2026-. Ecuador detiene a 218 personas durante la primera noche del toque de queda nocturno en cinco provincias costeras.
El operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas busca frenar la violencia asociada al crimen organizado.
La información sobre el primer balance oficial fue reportada originalmente por los Ministerios de Interior y Defensa.
Ecuador detuvo a 218 personas durante la primera noche del toque de queda nocturno en cinco provincias costeras
Las fuerzas policiales ejecutaron la aprehensión de 174 ciudadanos en las zonas intervenidas del territorio costero.
De esa cifra, 155 personas cayeron por violar la restricción de movilidad y 19 por delitos como tenencia de armas.
Por su parte, los efectivos de las Fuerzas Armadas concretaron la detención de otros 44 sospechosos durante los patrullajes.
Los agentes policiales decomisaron 91,7 kilogramos de sustancias ilícitas, cuatro armas de fuego, municiones y decenas de vehículos.
En paralelo, el personal militar incautó 30 cartuchos adicionales y retuvo varios medios de transporte utilizados en las zonas vigiladas.
Provincias bajo restricción y calendario electoral
El toque de queda se mantendrá vigente hasta el próximo 10 de noviembre, entre las 00:00 y las 05:00 horas.
La medida abarca a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y la jurisdicción costera de Esmeraldas.
Se trata de la cuarta restricción nocturna decretada por el Gobierno de Daniel Noboa en lo que va de año.
La medida concluirá dos semanas antes de las elecciones locales, pautadas en la nación andina para el 29 de noviembre.
Durante los comicios regionales, la población ecuatoriana elegirá a las nuevas autoridades de sus distritos, alcaldes y prefectos.
Lucha estatal contra el crimen organizado
La región costera representa el área más castigada por la operatividad de las bandas criminales dedicadas a actividades ilícitas.
Noboa mantiene desde enero de 2024 la declaración de conflicto armado interno para combatir a las agrupaciones delictivas.
El Ejecutivo nacional pasó a catalogar legalmente a estas estructuras criminales como organizaciones terroristas dentro del país.
