DW – Valencia, 26 de septiembre de 2024-. La Justicia de Argentina, a través de la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenó este lunes, 23 de septiembre, la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por el «robo» de un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires y entregado a Estados Unidos.
La orden venezolana incluye a la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.
La orden argentina surge de una causa abierta por una denuncia presentada por la oenegé Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal. En este caso, víctimas venezolanas refugiadas en Argentina dieron testimonio ante el tribunal sobre violaciones a los derechos humanos.
Los jueces de la Cámara Federal de Buenos Aires afirman que las pruebas bastan para una detención internacional de Maduro, y solicitaron a Interpol que emitiera alertas rojas contra el mandatario venezolano y otros 30 miembros del Gobierno chavista, entre ellos, el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
¿Puede Argentina detener a Maduro y Venezuela a Milei?
«Tanto en Argentina como en Alemania contamos con la legislación de la jurisdicción universal, que permite investigar crímenes internacionales sin importar el lugar en que se cometieron ni la nacionalidad de los autores o las víctimas», explica Kai Ambos, profesor titular en la Universidad de Gotinga y juez internacional en La Haya, en entrevista con DW.
«Los tribunales argentinos tienen jurisdicción respecto de crímenes internacionales, como podrían ser los presuntos crímenes de lesa humanidad del gobierno liderado por Maduro en Venezuela», señala a DW, desde Buenos Aires, Alejandro Chehtman, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del CONICET.
No obstante, aclaran ambos expertos, lo que impediría, en este caso, concretar que, tanto Maduro como Milei, fueran investigados, detenidos o juzgados, es que los jefes de Estado gozan de inmunidad según el derecho internacional.
«Maduro -así como Putin, por ejemplo- tienen inmunidad en el marco de la relación horizontal entre Estados. En este caso de ‘Argentina contra Venezuela’, no es posible que un Estado intervenga en los asuntos de otro, por ejemplo, investigando o persiguiendo al jefe de Estado. Eso le corresponde exclusivamente a los tribunales internacionales», dice Ambos. Y pone como ejemplo que en la Fiscalía Federal de Alemania hay una investigación en curso contra soldados y generales de Rusia por posibles crímenes de guerra cometidos en la guerra de agresión contra Ucrania, pero la inmunidad horizontal impide, en principio, este tipo de investigaciones contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
Argentina ha abierto, en su historia reciente, cerca de 100 expedientes por competencia universal, indica Chehtman, pero «no ha logrado detener a ningún imputado. En el caso de Maduro, es todavía menos probable que lo logre. Un jefe de Estado en funciones no puede estar bajo la jurisdicción de los tribunales de otro Estado: eso se llama igualdad soberana».
«Por el otro lado, en cuanto a la denuncia de Maduro, la jurisdicción de Venezuela en Argentina no parece tener una base legal muy sólida en ninguno de los principios aceptados, como puede ser el de territorialidad o el de nacionalidad activa o pasiva», sostiene el jurista argentino.
Una medida de «política interna e internacional»
«Argentina no puede, y no debería, jurídicamente hablando, librar una orden de captura internacional contra Maduro. Y si la librase, según la jurisprudencia, sería ilegal, ya que eso está reservado a la Corte Penal Internacional», puntualiza Chehtman.
A su juicio, «este tipo de medidas muchas veces tienen que ver con la política interna y política internacional. Este tribunal argentino quiere enviar una señal clara a la opinión pública argentina. Y el Gobierno de Milei quiere expresar una posición política frente a la comunidad internacional. Y lo mismo podría decirse del Gobierno de Maduro, que, estando en una situación mucho más vulnerable y problemática, política y jurídicamente, quiere devolverle el ‘favor’ a Milei».
«Considero que, más allá de lo que uno opine sobre la ideología y la política de Estado de un jefe de Estado o del otro, en este caso, no hay argumentos jurídicos sólidos para investigar a Milei», estima.
Por otra parte, a pesar de que varios países hayan reconocido a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, Nicolás Maduro sigue siendo el jefe de Estado en funciones, que tiene el control territorial efectivo de Venezuela. «Si se utilizara, ese sería un muy mal argumento», detalla el experto argentino en Jurisdicción Penal Extraterritorial.
«Instrumentalización política de la Justicia»
Para Kai Ambos, todo el entuerto legal actual entre Argentina y Venezuela «es más un teatro político que una cuestión jurídica». En ambos casos, se trata de una «instrumentalización política de la Justicia, lo cual, por último, deslegitima el derecho como instrumento de resolución de conflictos, algo que, lamentablemente, vemos a menudo en América Latina. Y eso también deslegitima al Poder Judicial, que debe ser independiente, y, claramente, no lo es en Venezuela, donde, de hecho, no hay separación de poderes. En Argentina, en parte, la hay, pero en este caso parece existir también una intervención política».
Recuerda como caso histórico el del juez español Baltasar Garzón, que pidió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, donde este se encontraba para recibir tratamiento médico: «Si bien esa orden de detención y el arresto por un procedimiento de extradición de Pinochet en Londres tuvieron un alto valor simbólico para muchos en la lucha contra la impunidad en América Latina, todo quedó en lo simbólico, pues Pinochet nunca fue extraditado a España ni procesado allí (o luego en Chile)».
Asimismo, resalta que la orden de detención del líder de la ex República Democrática Alemana (RDA), Erich Honecker -que fue procesado entre 1992 y 1993 en la República Federal de Alemania- solamente fue posible porque Honecker ya no era jefe de Estado en ese momento, pues su Estado, la RDA, había desaparecido.
Denuncias contra Maduro son investigadas por la CPI
Argentina pidió el 7 de septiembre a la CPI que ordenara la captura de Maduro. ¿Es eso plausible? «Se está desarrollando una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional basada en tres informes de la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según los cuales hay sospechas fundadas y razonables de que en ese gobierno se cometen crímenes de lesa humanidad», señala Kai Ambos. La CPI abrió la causa ‘Situación de Venezuela I’ para investigar los presuntos crímenes que habría perpetrado el gobierno venezolano.
«Debido al principio de complementariedad del Estatuto de Roma, los Estados investigados tienen la posibilidad de cuestionar la admisibilidad de investigaciones de la CPI, y justamente esto hizo Venezuela, pero la Sala de Apelación de la CPI declaró admisible la investigación, básicamente diciendo que Venezuela no lleva a cabo una investigación seria por los presuntos crímenes internacionales», explica Ambos. Es también de resaltar en este contexto que Maduro parece cooperar con el fiscal Khan de la CPI, pero no dio acceso al territorio venezolano a la misión de investigación de Naciones Unidas.
El próximo paso sería que el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos, como lo hizo con Benjamín Netanyahu y con Vladimir Putin. Alejandro Chehtman espera que la CPI pueda avanzar en ese sentido. «Estamos muy atentos a esto», concluye Kai Ambos.
Con información de DW.
