Alberto News – Caracas, 15 de abril de 2025-. Este es el objetivo del Gobierno Trump para su primer año en cuanto a deportaciones. La cifra lleva meses sobrevolando los mensajes sobre política migratoria. “Podemos empezar con un millón”, dijo y repitió muchas veces J. D. Vance mientras se acercaban las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre y lo siguió diciendo cuando él y Donald Trump ya habían ganado. Los mensajes públicos de Trump han sido más ambiguos, pero no menos ambiciosos: ha prometido una y otra vez la “mayor deportación de la historia”. Aunque es solo una fracción de los por lo menos 11 millones de indocumentados que hay en el país, expulsar a un millón de inmigrantes en un año cumpliría la promesa, superando con creces el promedio de 400.000 deportaciones anuales de Barack Obama. No obstante, analistas y expertos miran con sospechas la cifra de un millón, que parece ser completamente arbitraria, y señalan obstáculos logísticos y de financiación para poner en duda que se pueda lograr.
De acuerdo a varias fuentes anónimas al interior de la Administración Trump que fueron citadas en un artículo del Washington Post, la cifra de un millón de deportados se menciona prácticamente a diario. Stephen Miller, el asesor senior de la Casa Blanca a quien se le atribuye la construcción de las políticas antimigrante de Trump, está en permanente conversación con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para encontrar la manera de ir hacia ese objetivo cuanto antes. Pero el ritmo de deportaciones de los primeros meses de la segunda presidencia Trump, todavía por debajo del promedio de Biden, es la evidencia más clara de que no es tan sencillo expulsar miles y miles de personas de un día para otro.
Este es el objetivo del Gobierno Trump para su primer año en cuanto a deportaciones
“El número que se está discutiendo, por lo menos bajo los recursos actuales, está definitivamente fuera de alcance. Las deportaciones dependen de tres elementos básicos: arrestar a gente, tenerlos en detención y deportarlos. Y todas estas partes requieren una cantidad inmensa de recursos”, explica por teléfono Colleen Putzel-Kavanaugh, analista en el think tank especializado Migration Policy Institute. La Administración republicana está buscando que el Congreso apruebe una nueva ley que, entre muchas cosas variadas, daría una enorme nueva partida presupuestaria a la aplicación de las políticas migratorias. Sin embargo, aunque el Congreso la pase, lo cual no está nada claro porque ya está generando divisiones internas en el partido, todavía haría falta contratar gente y entrenarla, firmar contratos de detención y probablemente adecuar o construir nuevos centros para ello, así como gestionar los vuelos de deportación.
Otra razón por la cual es difícil que Trump llegue a deportar a un millón de inmigrantes en un año es que los cruces irregulares en la frontera se han prácticamente secado por completo, ya que la mayoría de las expulsiones históricamente han sido devoluciones rápidas, que son más sencillas de llevar a cabo. Desde que en su primer día declaró la emergencia en la frontera y la militarizó, los encuentros con indocumentados en la frontera han bajado hasta los 7.000 en marzo, la cifra más baja en décadas.
Además, añade Putzel, ya que la deportación debe ser ordenada por un juez en una corte, el actual atasco de casos —unos 3,7 millones para unos 700 jueces migratorios— supone una obstrucción prácticamente infranqueable, pues una persona puede esperar meses o hasta años para tener una cita con un juez. “Las personas que están en medio de un proceso de deportación probablemente están frente a una larga espera para superarlo. No es así quienes ya tienen una orden de deportación. Ellos podrían ser potencialmente expulsados de manera inmediata”.
Esta última parece ser la apuesta de la Administración. Hay 1,4 millones de inmigrantes con órdenes activas pero que no pueden ser expulsados porque sus países de origen no están abiertos a recibirlos. Teniendo esto en cuenta, de acuerdo a registros oficiales y diversos reportes que se han conocido, el Gobierno de Trump está negociando con hasta 30 países para que reciban ciudadanos extranjeros deportados. Aunque esto ya se ha hecho en estos meses, notablemente a México, Costa Rica, Panamá y El Salvador, la ampliación de este sistema podría dar un empujón importante al ritmo de deportaciones.
El anuncio de una multa de casi mil dólares diarios para las personas con una orden de deportación activa también claramente busca presionar a estos migrantes para que se vayan del país por voluntad propia en lo que el Gobierno ha pasado a llamar la “autodeportación”. La Casa Blanca asegura que esta modalidad de deportación está en aumento, evidenciando que la extrema hostilidad contra los migrantes desplegada por la Administración tiene un claro objetivo. Sin embargo, no ha dado datos ni pruebas de ello.
Esta opacidad ha sido una constante en los meses desde que Trump volvió a la presidencia. El Gobierno dejó de publicar las estadísticas mensuales de las actividades de las agencias migratorias, como solía hacer una oficina financiada por el Congreso desde hace años. En su lugar, los números disponibles provienen de declaraciones de oficiales que no se pueden corroborar.
Un análisis preliminar de los datos que sí están disponibles hecho por el Migration Policy Institute demuestra tentativamente la teoría del atasco: mientras que los arrestos migratorios han aumentado, las deportaciones no lo han hecho. Este es el objetivo del Gobierno Trump para su primer año. La agencia migratoria está camino a detener a casi 240.000 inmigrantes en el año fiscal, más del doble que en el anterior. Pero las deportaciones, al ritmo actual, apenas alcanzarían 212.000, menos que las 271.000 del año antes, la mayoría de las cuales fueron de personas detenidas después de cruzar la frontera sin papeles.
