Valencia, 28 de noviembre de 2025-. Denunciaron traslados de siete presos políticos por haber tratado de denunciar condiciones en Tocorón. La abogada y presidenta del instituto Casla, Tamara Suju, denunció el traslado de siete presos políticos.
Los detenidos fueron trasladados desde el penal de Tocorón, en Aragua, hasta la cárcel de máxima seguridad Yare 3, en Miranda.
Suju aseguró que la medida es una represalia por auxiliar a un joven que intentó suicidarse y protestar contra tratos crueles.
Entre los trasladados se encuentran Henry Javier Salazar, Ruperto Contreras, Marcos Agüero, Yuger Bahsass, Nervin Sarcos, Reiner Márquez y Fernando Brombin.
El director del penal de Tocorón, Juan Carlos Quezada, habría ordenado la acción tras las protestas dentro del centro de reclusión.
Denunciaron traslados de siete presos políticos por haber tratado de denunciar condiciones en Tocorón
Henry Salazar, dirigente de Vente Venezuela en Aragua, fue detenido el 10 de agosto de 2024 tras protestas poselectorales.
Salazar estuvo desaparecido varios días y actualmente cumple más de 300 días encarcelado, enfrentando violaciones al debido proceso.
Ruperto Contreras, activista opositor de 71 años, fue detenido el 9 de enero de 2025 en Maracaibo sin orden judicial.
Permanece recluido en calabozos hacinados, junto a más de 90 personas, según reportes de familiares.
Marcos Agüero, de Barquisimeto, fue arrestado el 1 de febrero de 2025 y estuvo casi diez meses en Tocorón.
Yuger Bahsas, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio del Sur del Lago, fue detenido por el Sebin y Daet el 24 de enero de 2025.
Nervin Sarcos, alcalde de Colón, fue arrestado el 22 de marzo de 2025 en operaciones vinculadas a presuntas redes de narcotráfico.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de actuar como enlace para grupos paramilitares y narcotraficantes en la región.
Reacciones y contexto
Tamara Suju expresó su preocupación por la seguridad y el trato de los detenidos trasladados.
La acción resalta la situación de los presos políticos en Venezuela y la atención internacional sobre sus derechos.
Organismos defensores de derechos humanos llaman a monitorear la situación y garantizar el respeto al debido proceso.
