Versión Final– Caracas, 15 de octubre de 2024-. La crisis diplomática, tras las elecciones del pasado 28 de julio, sacude como nunca a la diáspora venezolana en Chile, pese a la activación de la Circular 10 con directrices hacia funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y su enlace con la Policía de Investigaciones (PDI) por al cierre de la Embajada y Consulado de Venezuela en Chile, en una acción que también resonó en Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
El problema más complejo guarda relación con las dificultades para emisión de pasaportes y los conflictos que ello supone, más aun tomando en cuenta que la Cancillería decidió entregar este documento tramitado en Santiago de Chile exclusivamente en su sede de Caracas. Después llegaron las disposiciones que impedían el ingreso a Venezuela sin pasaportes vigentes.
Hemos hecho gestiones y logrado muchas cosas, pero de 100 cosas que pedimos nos dan una”, asegura Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy y miembro activo del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del SERMIG, instancia que institucionaliza la participación ciudadana en el ciclo de vida de las políticas públicas.
Montesinos, representante activa de la diáspora venezolana en Chile en materia migratoria, destaca como otro ejemplo la solicitud para sustituir el certificado de pasaporte en trámite por una carta notariada. “Eso de ir al Consulado, en su momento, pedir la cita, pagar los 60 dólares, era un problema para muchos, sobre todos para aquellos que viven en Regiones. Y no tuvimos respuesta positiva. Ellos (funcionarios del Estado chileno) se amparan en que siguen al pie de la letra la normativa internacional y la chilena”.
Otro toque de respuesta sin apertura fue la solicitud para revivir la resolución exenta 2087 que permitía, de alguna manera a los venezolanos, transitar por Chile con su cédula de identidad criolla. “Hemos pedido casi que nos den pasaportes chilenos porque no tenemos acceso al pasaporte venezolano”, resalta.
Sin embargo, el vaso medio lleno existe. Y vaya si calma la sed.
Circular 10: Flexibilización
El pasado 16 de agosto, Montesinos, anunció – en representación de por lo menos 20 organizaciones migrantes- la med
ida formal del gobierno chileno para destrabar los trámites.
“¡Lo logramos!”, expresaba, casi 15 días después, en un video difundido en sus cuentas de Instagram y TikTot. Su preocupación era porque el contenido de la circular había quedado en una mera declaración ante la prensa por parte de Luis Eduardo Thayer, director del Sermig. Y ello, suponía potenciales problemas en el cumplimiento de las disposiciones por parte de los funcionarios.
La representante de ONG Proyecto Tepuy impulsó, con la redacción de una carta, el 31 de julio, la petición a Thayer; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y al propio presidente Gabriel Boric, para que asentará en documento las medidas de flexibilización.
La acompañaron las firmas de representantes de las ONG’s Solidaridad Activa, Orienta Migra, Compromiso Migrante, Orgullo Migrante, Salud Migrante, Fundación Andrés Bello, Ecomigrante, Espacio Migrante, Nueva Tierra Migrante, Red de Apoyo Solidario, Organización Migrantes Mayores, Red de Inclusión y Apoyo Viña del Mar, Criando y Migrando, Centro de Estudios para las Migraciones, Consejo Intercultural Santa Cruz, Movimiento de Inmigrantes para el Desarrollo, Fundación Nuevo Ciudadano y la Fundación Migramujeres.
Y en esta oportunidad el objetivo se cumplió.
¿Qué dice la circular?
La circular confirma 5 medidas de flexibilización para documentos vencidos y apostilla de certificados para los connacionales impedidos de obtener o renovar su pasaporte o cédula de identidad, entre otros, para regularizar su situación migratoria o salir del país:
1. Para la tramitación de permisos de residencia dentro de Chile y su otorgamiento se aceptarán pasaportes o DNI vencidos con comprobantes de solicitudes de dichos documentos en trámite.
2. Posibilidad de salir del país con pasaporte o DNI vencidos previa solicitud de autorización de salida en caso de Ingreso Por Paso No Habilitado o pago de multa para quienes se les haya vencido su permiso de residencia.
3. Otorgamiento de un plazo de 60 días hábiles (prorrogables una única vez por la misma cantidad de días) para acompañar certificados de nacimiento o de matrimonio del país de origen en solicitudes de residencia (incluido niños/as y adolescentes).
4. En el caso de certificados de nacimiento o matrimonio que no sean aptos para ser apostillados electrónicamente, no se solicitará la legalización a realizar ante el consulado venezolano.
5. Otorgamiento de un plazo de 60 días hábiles (prorrogables una única vez por la misma cantidad de días) para presentar antecedentes penales apostillados online.
Trabajo con persistencia
Montesinos asegura que existe un musculo robusto de ONG’s y fundaciones en firme en defensa y protección de la migración en Chile. Y no solo de la venezolana.
Nosotros como comunidad sí hemos tenido logros con el gobierno, y se debe a la persistencia, por ejemplo, cuando hubo la nueva Ley de Migraciones, impulsamos que los carnets de identidad no perdieran vigencia mientras la persona no estuviera con un trámite migratorio, eso es un logro de la comunidad principalmente venezolana, porque el problema es que las comunidades de otras nacionalidades carecen de lideres dedicados a los derechos migrantes de sus comunidades”, asegura.
Para la Directora General de Tepuy, que el Servicio Nacional de Migraciones haya pasado a ser un departamento, que además cuente con subdepartamentos de géneros, niñez e interculturalidad, son medidas aprendidas con representantes de la diáspora venezolana especialistas en el tema.
Otra meta obtenida con presión, propuestas, estudios, fue la atención presencial en el Sermig. “Demostramos que la virtualidad estaba matando la inserción migratoria”.
Mary, profesional de la logística con especialización en Marketing y Comercialización, destaca además que el proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron a Chile por pasos clandestinos es otra conquista motorizadas por las ONG’s. Y que si bien dos años después se esperan los resultados al menos existen luces para una pronta regularización.
“Muchos de nuestros logros benefician al colectivo y parecieran políticas públicas impulsadas por el gobierno”, sentencia.
