Valencia, 4 de octubre de 2026-. Unas 16.100 micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) privadas operan actualmente en Cuba, tras la aprobación de 3.600 nuevas entidades en los últimos tres meses como parte de un paquete de reformas económicas impulsadas por el Gobierno.
Según informó el primer ministro cubano, Manuel Marrero, durante su participación en el pódcast Desde la Presidencia conducido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, estas medidas buscan dinamizar la producción y la generación de riquezas sin trabas burocráticas.
Cuba registra unas 16.100 empresas privadas tras aprobar 3.600 nuevas entidades como parte de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno
Marrero calificó el proceso como uno de los cambios más profundos aplicados en el modelo económico y social de la isla en los últimos años, subrayando que responde a una decisión política orientada a transformar la estructura productiva del país.
Ante los cuestionamientos sobre un posible viraje hacia el sistema capitalista, el jefe de Gobierno rechazó tajantemente dicha premisa. Afirmó que las medidas persiguen un equilibrio social sin renunciar a los principios fundacionales de la Revolución y precisó que de las 176 reformas aprobadas en junio, ya se han implementado 160 con el respaldo de 197 normas jurídicas.
A pesar de los avances normativos, el alto funcionario reconoció que los resultados económicos todavía no se reflejan de manera perceptible en la calidad de vida de la población.
Cooperativas, trabajo autónomo y protección social
El balance oficial detalla que, además de las mipymes, se han autorizado unas 448 cooperativas no estatales y más de 385.000 trabajadores por cuenta propia, mientras que el sector presupuestado —con áreas prioritarias como salud y educación— mantiene el peso principal en la estructura laboral del país.
En el ámbito social, Marrero reconoció la compleja situación de unas 883.000 personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, señalando que el Ejecutivo puso en marcha un esquema más organizado para garantizar la protección de los sectores más desfavorecidos.
Todo ello ocurre en un contexto macroeconómico adverso, marcado por una contracción acumulada del 15% entre 2020 y 2025, y proyecciones independientes que estiman una nueva caída del 10,3% en el Producto Interior Bruto (PIB) para el presente año.
