CPI condena nuevas sanciones de Estados Unidos contra su presidenta Tomoko Akane y alerta sobre ataques al orden internacional. La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) condenó este miércoles 19 de agosto las recientes sanciones financieras y administrativas que el Gobierno de Estados Unidos dictó contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado litigante principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye, advirtiendo que estas medidas unilaterales socavan de forma directa el Estado de derecho y el orden jurídico global.
El órgano que agrupa a 125 naciones firmantes del Estatuto de Roma denunció una escalada de presiones orientada a entorpecer los juicios por crímenes de guerra.
Medidas contra Tomoko Akane, trabas a la Fiscalía y rechazo del Estatuto de Roma
Sobre los alcances de la resolución emitida en los Países Bajos, la Asamblea remarcó que las penalizaciones contra Akane y el jurista senegalés Seye se suman a los bloqueos previos aplicados contra la cúpula de la Fiscalía y ocho jueces del tribunal internacional, un país no signatario del tratado fundacional. En este sentido, los representantes diplomáticos señalaron que Washington intenta neutralizar el mandato legal otorgado a los magistrados para procesar las peores atrocidades cometidas contra civiles.
«Estas nuevas acciones constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones, corriendo el riesgo de socavar investigaciones en curso y debilitar los esfuerzos globales para hacer justicia a las víctimas», denunció la Asamblea de los Estados Partes en su comunicado oficial.
Por consiguiente, la corte exhortó a todas las partes interesadas a mantener firme su compromiso con la independencia judicial y a resistir cualquier coacción externa.
Campaña de Donald Trump, caso Afganistán y órdenes contra Netanyahu
Marco de órdenes ejecutivas y restricciones económicas
Por su parte, la Casa Blanca intensificó su ofensiva contra el tribunal con base en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump rubricó en febrero del año anterior para congelar activos e imponer restricciones de visado a funcionarios que investiguen actuaciones de tropas estadounidenses o de sus aliados estratégicos. En este contexto, Washington mantiene una férrea oposición a las pesquisas sobre presuntos crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Afganistán a lo largo de las últimas dos décadas.
Estatus de los mandatos de arresto por la ofensiva en Gaza
Por otro lado, la administración estadounidense rechaza categóricamente las órdenes de captura internacional que la sala de cuestiones preliminares de la CPI ratificó en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Ciertamente, las delegaciones que integran el Estatuto de Roma ratificaron que ninguna medida coercitiva alterará la tramitación de los expedientes ni detendrá el curso de los debates orales en La Haya.
Con información de EFE
