Corte Suprema escuchará apelación por pagos de 1 dólar diario a migrantes. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes escuchar la apelación de GEO Group. Una empresa privada de prisiones que enfrenta una demanda por presuntamente obligar a inmigrantes detenidos a trabajar a cambio de un salario de apenas un dólar diario.
La demanda original, presentada en 2014, acusa a la empresa de exigir a los detenidos realizar labores de limpieza y otras tareas no remuneradas. Bajo condiciones que solo les permitían ganar una cantidad simbólica para cubrir sus escasos alimentos.
GEO Group apeló después de que un juez negó desestimar la demanda. Y, sostiene que los pagos se ajustan a las regulaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, la empresa argumenta que no pueden ser demandados porque operan la instalación de Aurora, Colorado, en nombre del gobierno federal. Que goza de inmunidad ante estas acusaciones.
Corte Suprema escuchará apelación por pagos de 1 dólar diario a migrantes
Por su parte, los abogados de los migrantes insisten en que la demanda busca defender los derechos de personas que reciben “prácticamente nada” por su trabajo. yY, que el contrato no establecía pagos tan bajos. Un juez de menor instancia permitió que el caso avanzara, y la Corte Federal de Apelaciones del 10º Circuito dictaminó que la cuestión de inmunidad no podía resolverse antes del juicio. GEO Group solicitó a la Corte Suprema revisar el caso con prioridad. Argumentando que los contratistas del gobierno deben tener la posibilidad de apelar rápidamente este tipo de decisiones.
Con sede en Florida, GEO Group es uno de los mayores proveedores privados de servicios de detención en Estados Unidos, con cerca de 77.000 camas distribuidas en 98 instalaciones. Entre sus contratos está un nuevo centro de detención federal de inmigrantes, donde el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado el mes pasado durante una protesta.
Este caso reabre el debate sobre la tercerización de la gestión de centros de detención migratoria y las condiciones laborales dentro de ellos. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la explotación laboral y la falta de transparencia en las instalaciones gestionadas por empresas privadas. La decisión de la Corte Suprema podría sentar un precedente importante sobre la posibilidad de que los detenidos busquen justicia por presuntas violaciones laborales en este tipo de centros.
