Valencia, 21 de noviembre de 2025-.Condenaron al fiscal general de España por revelación de datos reservados. El Tribunal Supremo español emitió este jueves una sentencia firme contra Álvaro García Ortiz por revelar datos reservados.
La filtración involucró un correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, donde admitía presunto fraude fiscal.
Cinco de los siete magistrados consideraron probado que García Ortiz violó el artículo 417.1 del Código Penal, que protege secretos oficiales.
La condena incluye dos años de inhabilitación, multa de 7.200 euros y pago de 10.000 euros en indemnización.
Además, el fiscal general deberá cubrir las costas del proceso y podría recurrir ante el Tribunal Constitucional.
El fallo marca un hecho sin precedentes: un fiscal general sentado en el banquillo por actos cometidos en el cargo.
Condenaron al fiscal general de España por revelación de datos reservados
El Gobierno de Pedro Sánchez expresó respeto por la sentencia, aunque manifestó no compartirla, e inició la búsqueda de un nuevo fiscal.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidió evitar desconfianza generalizada hacia las instituciones tras el revés judicial.
El Partido Popular, al que pertenece Ayuso, exigió la dimisión inmediata de García Ortiz y cuestionó la imparcialidad del Ejecutivo.
Ester Muñoz, portavoz del PP, incluso reclamó elecciones anticipadas y responsabilizó al presidente Sánchez de la situación.
La sentencia aumenta la tensión política, sumándose a otros frentes que el Ejecutivo enfrenta por cuestionamientos de credibilidad.
Investigación sobre Alberto González Amador
Mientras tanto, la investigación sobre González Amador por presunto fraude fiscal sigue abierta y sin acuerdo de conformidad declarado.
El empresario aseguró recientemente desconocer cualquier pacto con la Fiscalía, a pesar de lo planteado por su abogado.
El caso mantiene expectante a la opinión pública española, ya que combina escándalo político, responsabilidad judicial y controversia mediática.
García Ortiz queda fuera del Ministerio Público, mientras se abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia y política en España.
