Alberto News – Caracas, 24 de junio de 2024. La estrategia de intervención cambiaria que ha llevado adelante el Banco Central de Venezuela (BCV) ha funcionado eficazmente. Esa es una realidad concreta; sin embargo, cabe preguntarse si el nivel de apreciación del tipo de cambio que se ha generado no se está convirtiendo en un problema importante para la producción nacional.
Se entiende la lógica de la estrategia. Es imprescindible, en un país donde los ingresos de la población son, en general, bajos, mantener a raya a la inflación y, por lo tanto, existe una severa restricción monetaria que se alinea con una política de anclaje cambiario como mecanismo para impedir alzas de precios, sobre todo, en bienes esenciales.
Sin embargo, son crecientes los señalamientos provenientes del sector manufacturero nacional sobre el deterioro de su competitividad frente al producto importado, que se ve beneficiado por una política arancelaria que sigue siendo muy flexible y, además, la apreciación cambiaria genera que los bienes producidos en Venezuela resulten más costosos.
Lo ha dicho reiteradamente la Confederación de Industriales de Venezuela. Pero, además, está también el efecto de la apreciación cambiaria sobre la rentabilidad de los créditos bancarios indexados, una situación que explica, en buena medida, por qué el resultado neto del sector financiero bancario se ha desacelerado en los últimos meses.
No se trata de promover una política devaluacionista. Es evidente que el ajuste ha resultado, en alguna medida, socialmente rentable y es necesario que la inflación siga contenida; no obstante, da la sensación de que estamos llegando a una suerte de dilema de difícil solución: ¿Cómo puede crecer la economía sin competitividad de la industria nacional y con una persistente restricción crediticia?
Por lo tanto, es importante que después de las elecciones presidenciales se revisen algunas políticas públicas que inciden en un crecimiento más bajo del que se podría obtener en unas condiciones más dirigidas a promover la existencia de mercados competitivos.
En la semana pasada, por ejemplo, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, volvió a plantear la necesidad de revisar la legislación laboral, porque se trata de un modelo legislativo que, de tanto proteger al trabajador, termina por cercenar sus posibilidades de ganar mejores salarios, e incluso obtener, vía contratación directa, otros beneficios laborales que incidan positivamente en su calidad de vida.
Es positivo que el Gobierno se congratule por sus éxitos en materia económica y hay que reconocer que el presidente Nicolás Maduro ha agradecido públicamente el papel que ha desempeñado el empresariado privado en esos resultados; pero es necesario que en los organismos donde se diseñan las estrategias se debatan reformas de fondo en el plano monetario, laboral, impositivo y regulatorio, entre otros, que vayan más en línea con la promoción del mercado.
De regreso al tema cambiario, entendemos que hay analistas que adversan la estrategia de intervención cambiaria del Banco Central de Venezuela por su posible impacto en el flujo de caja de la República en un contexto de sanciones financieras y petroleras, y, además, está abierto el debate sobre si hay que deslizar el tipo de cambio a una paridad que se ajuste a una realidad del mercado.
En nuestra opinión, esta línea de acción del BCV es necesaria hasta tanto la oferta de divisas originada por la actividad económica -especialmente la privada- no resulte suficiente para garantizar un equilibrio relativo entre oferta y demanda de moneda extranjera que evite presiones alcistas sobre el precio del dólar y estabilice sostenidamente las cotizaciones.
Lo ideal es que, en la medida en que la economía crezca y el ingreso en divisas generado por el propio mercado aumente, la intervención cambiaria del BCV se reduzca proporcionalmente, porque el objetivo estratégico de contener la inflación es una necesidad nacional.
Pero es necesario que se flexibilice el mecanismo de intervención cambiaria tanto como sea posible sin afectar los objetivos antiinflacionarios establecidos.
Como hemos dicho en editoriales anteriores, el diálogo público-privado es una herramienta vital para discutir la evolución de la política económica y, por lo tanto, hay que preservarlo, pero es indispensable que las propuestas que, entendemos, se han hecho por parte del empresariado pasen a un plano más protagónico.
La apuesta común es el bienestar de Venezuela, y no se trata de una frase que busca un golpe de efecto, sino la constatación de que el equilibrio social no se puede alcanzar con una economía de bajo crecimiento, el cual, además, es geográfica y socialmente muy desbalanceado.
En resumen, hay que priorizar el crecimiento y, obviamente, esa priorización implica elevar el Producto Interno Bruto más en línea con el potencial del país, con estabilidad cambiaria y baja inflación. Eso hay que comenzar a hacerlo posible.
