Valencia, 23 de septiembre de 2026-. Comité de Mujeres Políticas solicitó ante el TSJ anular la Ley contra el Odio al considerar que varias de sus disposiciones vulneran derechos constitucionales.
La acción judicial plantea que varias disposiciones de esta legislación vulneran derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.
Las representantes también solicitaron medidas para las personas que permanecen privadas de libertad o fueron condenadas por delitos establecidos en la normativa.
Iris de Franca, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela, explicó que la iniciativa forma parte de las propuestas promovidas por el sector dentro del proceso de pacificación y reconstrucción institucional.
“Consideramos que la Ley del Odio ha sido una ley que, más allá de contribuir a la paz, lo que ha hecho es contribuir a la persecución no solo de activistas por los derechos humanos, no solo de políticos, dirigentes políticos, sino también de medios de comunicación y periodistas que han sido severamente perseguidos en la aplicación de esta ley”, afirmó.
Comité de Mujeres Políticas solicitó ante el TSJ anular la Ley contra el Odio al considerar que varias de sus disposiciones vulneran derechos constitucionales
De Franca sostuvo que la legislación no contribuyó, a su juicio, a promover la tolerancia y la paz. También afirmó que terminó asociada a la persecución de sectores disidentes y a la división.
La dirigente señaló que las mujeres que impulsan la acción trabajaron durante un año en iniciativas relacionadas con la pacificación del país.
En ese contexto, decidieron acudir al máximo tribunal para solicitar la nulidad total de la Ley contra el Odio por razones de inconstitucionalidad.
De Franca expresó su expectativa de que el recurso sea considerado como una iniciativa orientada a promover la paz, la tolerancia y el reencuentro nacional.
También planteó que, dentro del proceso de reinstitucionalización, la eliminación de esta legislación debería abordarse con carácter urgente.
Posteriormente, agregó, debería abrirse una discusión sobre las normas que podrían sustituirla para promover la convivencia democrática.
Piden medidas para personas privadas de libertad
La abogada Gloria Pinho, quien consignó la demanda junto con el comité, explicó que se trata de una demanda constitucional de nulidad por inconstitucionalidad contra la legislación.
Según Pinho, el recurso solicita a la Sala Constitucional del TSJ revisar disposiciones que, de acuerdo con los argumentos presentados, transgreden el derecho a la libre expresión.
La jurista precisó que la acción también incluye una solicitud de medidas cautelares innominadas.
Entre ellas, se plantea el cese inmediato de las privaciones de libertad de personas detenidas por delitos tipificados en la Ley contra el Odio.
También solicitaron una medida para quienes ya fueron condenados por delitos contemplados en esa normativa.
El objetivo es que la Sala Constitucional evalúe las solicitudes y, según lo planteado por los demandantes, adopte las medidas correspondientes.
Convocan a organizaciones a respaldar la iniciativa
De Franca invitó a ciudadanos, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la acción de nulidad durante los próximos días.
La coordinadora también anunció que solicitarán reuniones con la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del chavismo.
Asimismo, prevén presentar el recurso ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
La intención, explicó, es exponer la propuesta y plantear cambios legislativos dentro del proceso de reconstrucción institucional.
