CIDH exige fe de vida del obispo Juan Abelardo Mata, quién fue detenido por hacer una petición en una misa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información urgente sobre el paradero del obispo emérito de Nicaragua, monseñor Juan Abelardo Mata. Ciertamente, el organismo multilateral demandó este jueves al Estado nicaragüense constatar las condiciones físicas del prelado de ochenta años de edad. Por lo tanto, la institución humanitaria internacional mantiene un monitoreo constante sobre la situación de los religiosos en ese territorio centroamericano. Asimismo, los defensores de los derechos fundamentales temen por la integridad del clérigo debido al persistente hostigamiento contra la Iglesia católica en Nicaragua.
La detención de monseñor Mata y la censura religiosa
Al respecto, agentes de la Policía Nacional detuvieron al obispo el pasado veintinueve de junio en la norteña ciudad de Estelí. Por consiguiente, la acción de los cuerpos policiales ocurrió inmediatamente después de una homilía celebrada en la iglesia Cruz del Calvario. Sin embargo, el Ministerio del Interior argumentó que la detención obedeció a un procedimiento de rutina para realizar una indagación legal. Además, las autoridades gubernamentales cuestionaron que el religioso utilizara el púlpito para defender públicamente a sacerdotes excarcelados y desnacionalizados por el Gobierno.
Efectivamente, el obispo emérito pidió oraciones por los líderes eclesiásticos perseguidos y mencionó expresamente a monseñor Rolando Álvarez. Por este motivo, el Poder Ejecutivo nicaragüense consideró las palabras del octogenario sacerdote como un acto de provocación política. Por otro lado, la comunidad católica local denunció que la detención constituye una violación flagrante a la libertad de culto en el país. En consecuencia, el caso de Mata agrava las ya tensas relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el Estado, afectando la estabilidad de la Iglesia católica en Nicaragua.
Exigencia de liberación y falta de información independiente
La respuesta oficial del Ministerio del Interior nicaragüense
Por lo tanto, la Casa Blanca exigió formalmente la liberación inmediata e incondicional del prelado nicaragüense tras conocer el arresto. Además, el Ministerio del Interior notificó el pasado cuatro de julio el envío del clérigo a su residencia bajo arresto domiciliario. Por este motivo, el Ejecutivo nicaragüense aseguró que el investigado permanecería en su hogar mientras los tribunales deciden su situación jurídica. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos alertan que ningún organismo independiente ha podido verificar directamente el paradero real de monseñor Mata.
Preocupación por las condiciones de salud del obispo emérito
Por otro lado, la avanzada edad del obispo emérito y sus patologías preexistentes generan gran preocupación entre los feligreses locales. En consecuencia, los voceros de la CIDH exigieron al Estado nicaragüense que garantice el acceso oportuno a asistencia médica especializada para el octogenario. Específicamente, las autoridades internacionales recuerdan que el confinamiento domiciliario prolongado deteriora rápidamente el estado físico de los pacientes de la tercera edad. Por esa causa, la entrega de reportes de salud confiables resulta indispensable para la subsistencia de la Iglesia católica en Nicaragua.
Monitoreo internacional del conflicto religioso
Finalmente, las delegaciones humanitarias del continente instaron a los gobernantes de la región a pronunciarse activamente ante la crisis nicaragüense. Por este motivo, los obispos de los países vecinos coordinan jornadas de oración solidaria para visibilizar el sufrimiento de las comunidades de fe. Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evalúa la aplicación de nuevas medidas de observación en Centroamérica. En conclusión, el cese definitivo de la persecución gubernamental determinará el porvenir y la seguridad de la Iglesia católica en Nicaragua.
La prolongada crisis diplomática entre la Santa Sede y las autoridades nicaragüenses ha provocado la expulsión de decenas de misioneras de la caridad y representantes consulares del territorio nacional durante los últimos años.
Con información de EFE
