Tal Cual – Caracas, 1 de agosto de 2023.- Ante la cifra de 628 femicidios registrado en el país desde 2018 hasta el 31 de julio de este año, presentada por Tarek William Saab, fiscal del Ministerio Público designado por la ya extinta asamblea constituyente a través de cuenta de Twitter, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señala que «la prevención del femicidio en Venezuela requiere verdaderas estadísticas género-sensitivas».
Al respecto, la organización destaca que «la comprensión del feminicidio o femicidio depende, en gran medida, ‘de la existencia de información mediante registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, el victimario, la relación entre ellos, el entorno, las motivaciones y las pautas de comportamiento, entre otros aspectos’, según ha planteado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)».
«Lamentablemente, la información aportada por el ciudadano Fiscal General de la República no es suficiente. Se limita a mencionar los casos registrados, las órdenes de aprehensión acordadas y las acusaciones presentadas en nombre del Estado desde el año 2019 hasta el 31 de julio de 2023. Desde esa mirada, los datos institucionales no revelan los niveles de violencia sino los niveles de recepción de casos y dos criterios de registro de actos procesales (presentación de acusaciones y solicitudes de aprehensión)», destacó la organización.
Cepaz resaltó que, en la información aportada por Willian Saab tampoco se aprecia el grado de efectividad de la gestión del Ministerio Público sobre esas 1.208 acusaciones, ya que no tienen cifras de fondo para contrastarlo.
Señaló que desde el 2016 no existen datos oficiales consistentes, que permitan establecer tasas de femicidios, por cuanto no se llevan a cabo estadísticas género-sensitivas, «lo que deja al descubierto la imposibilidad del Estado para liderar una actuación institucional y coordinada en materia de prevención de la violencia de género, a la llegada de la emergencia generada por el COVID-19».
Asimismo, la organización exige conocer cuántos ofensores eran funcionarios y si accionaron sus armas de reglamento; cuántos se suicidaron luego de cometer el femicidio; si las víctimas estaban embarazadas, si pertenecían a un pueblo originario, si presentaban alguna discapacidad; si tenían hijos y si éstos presenciaron los hechos violentos contra sus madres.
