Valencia, 21 de octubre de 2026-. Casi el 90% de detenidos en El Salvador sigue sin condena tras dos años de régimen de excepción.
La estrategia de seguridad implementada en El Salvador en el marco del régimen de excepción impulsado por la administración del presidente Nayib Bukele enfrenta un complejo cuello de botella judicial, con miles de personas privadas de libertad a la espera de un proceso.
Un balance oficial presentado por la Fiscalía General de la República ante la Asamblea Legislativa reveló que cerca del noventa por ciento de las noventa y tres mil personas detenidas continúan recluidas bajo la figura de detención provisional, sin haber recibido una sentencia definitiva.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, detalló durante su comparecencia parlamentaria que la institución registra poco más de diez mil quinientas condenas efectivas, un universo que incluye sentencias por delitos de alto impacto y trece penas de cadena perpetua.
Casi el 90% de detenidos en El Salvador sigue sin condena tras dos años de régimen de excepción
La prolongación indefinida de las detenciones ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, como Socorro Jurídico, las cuales estiman que una proporción significativa de los arrestados podría ser inocente y carecer de vínculos con estructuras criminales.
Los colectivos civiles han documentado denuncias sobre arrestos arbitrarios, problemas de acceso a la defensa legal y más de quinientas muertes bajo custodia estatal.
Por su parte, el Ejecutivo salvadoreño ha reconocido de manera indirecta fallas operativas, admitiendo la excarcelación previa de unas ocho mil personas al considerarlas parte de un «margen de error» en los procedimientos policiales.
Propuesta de liberación condicionada
En un esfuerzo por descongestionar el sistema penitenciario, el Gobierno evalúa otorgar la liberación anticipada a unos cinco mil reclusos catalogados como colaboradores ocasionales de pandillas, quienes serían incorporados al programa de trabajos comunitarios «Cero Ocio».
La iniciativa gubernamental ha sido cuestionada por juristas y activistas, quienes argumentan que la medida podría vulnerar la separación de poderes al recaer la selección en el Ejecutivo, además de ignorar las condiciones de coacción que sufrían los habitantes en comunidades vulnerables.
