Versión Final– Caracas, 9 de noviembre de 2024-. Un alarmante caso de maltrato infantil salió a la luz en Lima, Perú, donde varios niños autistas, menores de cuatro años, fueron presuntamente atados con cinta de embalaje a sus sillas y amordazados en el Centro Terapéutico Especializado para Niños (Cetdin), ubicado en el distrito de Comas.
La denuncia, presentada por padres de familia y acompañada de un video grabado por una trabajadora del centro, mostró imágenes impactantes de los menores amarrados, algunos aún con mochilas, y de un niño con un papel en la boca cubierto con cinta adhesiva para impedirle hablar.
Una madre denunciante, en declaraciones a la emisora local RPP, explicó que todos los niños en Cetdin son autistas, y muchos padecen discapacidades severas que les dificultan la comunicación.
La madre acusó al director del centro, Roger Baltazar, de “amordazar” y “torturar” a los menores aprovechándose de su vulnerabilidad. Exigió, además, la clausura del establecimiento y una condena penal contra Baltazar por los abusos cometidos.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se movilizó rápidamente, enviando a profesionales del Programa Nacional Aurora y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) para brindar apoyo a los menores y a sus familias.
En un comunicado publicado en la red social X, la institución informó que trabaja en coordinación con el Ministerio Público para agilizar la investigación y asegurar que los responsables sean sancionados.
Por su parte, Conadis rechazó rotundamente todo acto de violencia contra personas con discapacidad, enfatizando su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes.
La institución dispuso de un equipo especializado para proporcionar apoyo legal y social a las familias afectadas y solicitó la intervención del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la municipalidad de Comas, exigiendo la clausura del centro y una respuesta rápida para que estos actos no queden impunes.
Conadis exhortó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad, subrayando la necesidad de sancionar a los responsables de estas prácticas, que calificó de “repudiables”.
