DW – Valencia, 6 de septiembre de 2024-. «Tanto en Venezuela como en Nicaragua, el tema de la anulación de pasaportes es un nuevo mecanismo de represión para el cual las organizaciones aún no están preparadas”, explica a DW María Pía Alvira, jefa regional de Civil Rights Defenders en América Latina. «La crisis política, en la cual se ha enfocado tanto Estados Unidos como la Unión Europea, está derivando en una crisis de derechos humanos sin precedentes”, añade.
Antecedentes
Al caso de la desnacionalización y expulsión de los primeros 220 prisioneros nicaragüenses, en febrero de 2023, siguió el retiro de su nacionalidad a una centena de opositores. A ello, en enero de 2024, sucedió la modificación del artículo 21 de la Constitución, legalizando el retiro de la nacionalidad nicaragüense por «traición a la patria”.
En Venezuela, después de la jornada electoral de 28 de julio, la anulación arbitraria y sin previo aviso de los pasaportes de miembros de la oposición, activistas, testigos de mesa, políticos y defensores de derechos humanos pinta un panorama sombrío para el derecho humano a la movilidad.
La temida nueva ola
«En los países vecinos estamos viendo ya un incremento en la llegada de venezolanos que salen porque temen represalias y que se les quite el pasaporte”, sigue María Pía Alvira. Y si las consecuencias evidentes son para los que están en Venezuela y no pueden salir, para los que están fuera significa no poder regresar.
El problema va más allá: «¿Qué hace, por ejemplo, un venezolano en Bruselas con toda su documentación al día y que necesita su pasaporte para hacer todos sus trámites? ¿Qué va a hacer cuando en un tiempo no pueda renovar su documento de identidad?”, plantea María Pía Alvira. Las primeras organizaciones llamadas a actuar serían tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
«Están cerrando los consulados de Venezuela y Nicaragua por todo el mundo y dejando a los migrantes venezolanos y nicaragüenses en la total indefensión”, dice, por su parte, a DW Elektra Lagos, directora de la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE). Su organización tiene un proyecto activo en Costa Rica -adonde llegan nicaragüenses pero también muchos venezolanos- para acoger, sobre todo, a jóvenes migrantes.
Programas de ayuda
«Es un proyecto con fondos europeos que administra ACNUR y gestionamos nosotros”, agrega Elektra Lagos. ¿Cómo se ve concretamente? «Venezolanos y nicaragüenses han entrado en una categoría especial. Los ‘indocumentados’ -en junio de 2024 contabilizamos 280 pasaportes nicaragüenses anulados- reciben un documento provisional, un salvoconducto, que les permite desplazarse. Algunos reciben el estatus de refugiado. Para los ‘desnacionalizados’ nicaragüenses, España concedió a los primeros 222 la nacionalidad española. En el caso de los venezolanos ‘irregulares’ se ofrece un recurso legislativo de ciudadanía por arraigo”, prosigue Elektra Lagos.
«También en el marco del acuerdo Movilidad Segura, desde Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador pueden viajar de manera segura a algún destino de Estados Unidos o España. Aunque no pueden escoger la ciudad, llegan con un programa de integración que incluye una plaza laboral”, informa RIDHE. Por el momento, en Europa, solo España ha reaccionado con este tipo de respuesta; Alemania estaría aún en negociaciones.
Lo que se viene
Como fuere, cabe tener presente que, según cifras de la OIM, son 7,7 millones los que han salido de Venezuela, y más de 800.000, de Nicaragua. En estas cifras están incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes regulares o regularizados. «La cifra real probablemente sea mucho más alta”, añade la directora del RIDHE, puntualizando que se calcula que en este momento un 11 por ciento de la población nicaragüense vive en el exterior. También que, para 2025, habrá 8,4 millones de venezolanos fuera de su país.
Por otro lado, si para la UE tanto un gobierno como el otro carecen de legitimidad, Bruselas subraya su intención de no desatender los derechos humanos de sus poblaciones. La ayuda humanitaria -que se entrega solamente fuera de las fronteras europeas- así como la asistencia técnica a los países de acogida están en marcha.
Pero ¿qué pasa con los que están en otros países del territorio europeo? ¿Y los apátridas y los que quedan atrapados en sus países?
«La comunidad internacional tiene que prepararse para ese nuevo escenario y no esperar a que el problema le estalle”, dice María Pía Alvira teniendo muy en cuenta que la represión en Venezuela se ha incrementado, que su ley «Anti-ONG´s” va viento en popa, y que en Nicaragua ya no quedan organizaciones de la sociedad civil.
En esta situación, ¿qué cabe hacer desde Bruselas? «Hay que poner énfasis en la preparación”, insiste la especialista de Civil Rights Defenders. «Y esto pasa por apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Pues puede que Ortega haya cerrado miles de organizaciones y que el espacio cívico se cierre en Venezuela, pero eso no significa que el movimiento por la democratización se haya acabado”, concluye.
Con información de DW.
