Valencia, 23 de enero de 2026-. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar el caso contra Julio Iglesias, acusado de agresión sexual y trata de personas en 2021.
La denuncia fue presentada por la ONG Women’s Link Worldwide, en representación de dos extrabajadoras del cantante.
Las mujeres aseguraron haber sufrido abusos mientras trabajaban para Iglesias en República Dominicana y Bahamas, según informaron medios españoles.
Archivan denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia judicial
La Fiscalía argumentó que no tiene competencia para investigar los hechos, ya que ocurrieron fuera de España y sin vínculos relevantes con el país.
Según la resolución, los tribunales españoles solo pueden investigar delitos ocurridos en el extranjero en circunstancias excepcionales.
En este caso, las víctimas no eran residentes en España y los presuntos abusos no sucedieron en territorio español.
Además, las autoridades de República Dominicana y Bahamas no han renunciado a investigar los hechos, lo que reforzó la decisión de archivo.
Reacciones de ONG y víctimas
Las acusaciones incluían presiones para mantener encuentros sexuales y acoso laboral, según la denuncia original.
Organizaciones como Amnistía Internacional criticaron el fallo, señalando que debilita el principio de justicia universal y la protección de los derechos de las mujeres.
Las denunciantes expresaron frustración tras conocer la decisión y afirmaron que continuarán buscando justicia mediante otras vías legales.
Posibles acciones futuras
Women’s Link Worldwide no descarta presentar una querella ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, pese a la falta de apoyo del Ministerio Público.
Julio Iglesias ha negado rotundamente las acusaciones y contrató al abogado penalista José Antonio Choclán para defender su imagen y reputación.
El caso genera debate sobre la jurisdicción internacional y los límites de la justicia española en delitos cometidos fuera del país.
El archivo marca un precedente sobre cómo se manejan las denuncias de abuso sexual y trata de personas cuando ocurren en el extranjero.
A pesar del cierre del expediente, la presión de ONG y activistas por los derechos de las trabajadoras afectadas continúa vigente, según fuentes legales y de derechos humanos.
Las víctimas y sus representantes mantienen abierta la posibilidad de buscar mecanismos judiciales alternativos para asegurar que se investiguen los hechos denunciados.
