AN aprueba en primera discusión ley para fijar precios por mutuo acuerdo. La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, que plantea la fijación de precios de productos y servicios mediante un “mutuo acuerdo” entre el Estado y los comerciantes.
La propuesta, impulsada por el oficialismo, deberá someterse a una segunda discusión antes de convertirse en ley. Sus promotores aseguran que el objetivo es proteger el salario de los trabajadores, mientras que sectores opositores advierten posibles efectos negativos sobre la oferta de bienes y servicios.
Durante una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV, el diputado oficialista Ramón Lobo explicó que el instrumento legal busca garantizar “precios adecuados” para la población. Detalló que el texto consta de 96 artículos y contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
AN aprueba en primera discusión ley para fijar precios por mutuo acuerdo
Asimismo, indicó que la ley prevé la puesta en marcha del Sistema Nacional de Observación de Precios. Según Lobo, este mecanismo funcionará como un “punto de encuentro” entre el Estado y los agentes económicos para acordar los precios de los productos y servicios.
El parlamentario aseguró que la iniciativa no pretende obligar a los productores o comerciantes a vender por debajo de sus costos. “Tenemos que garantizar una rentabilidad razonable, porque eso también asegura mercancía en los anaqueles”, afirmó.
Lobo añadió que el proyecto establece un esquema sancionatorio, aunque no ofreció detalles sobre su alcance ni los tipos de penalizaciones previstas.
Desde la oposición, la diputada Nora Bracho, integrante de la bancada Libertad, señaló que el proyecto presenta “nudos críticos” que podrían afectar la disponibilidad de bienes y servicios en el país.
“Si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta. No hay protección al consumidor si el resultado final es un anaquel vacío”, advirtió.
Bracho sostuvo que la verdadera protección al consumidor se basa en la abundancia y la competencia, y calificó la iniciativa como una ley de control de producción y de consumo. Ante ello, su fracción parlamentaria decidió salvar el voto.
Venezuela aplicó controles de precios de productos y servicios desde 2015. Estas políticas se endurecieron hasta 2018, cuando comenzaron a flexibilizarse tras años de escasez de alimentos y medicamentos.
